EN UN COMUNICADO

La CUP critica el "exceso de improvisación" del Govern y le urge a "aprobar los primeros decretos republicanos"

La CUP considera que lo que ha ocurrido "demuestra que durante los dos últimos años no se ha hecho el trabajo de creación y consolidación de estructuras de Estado".

La CUP ha criticado el "exceso de improvisación" del Govern en los últimos meses, y aunque ve en las palabras del máximo responsable de este ejecutivo, Carles Puigdemont, "un acto de dignidad", le ha urgido a aprobar los "primeros decretos republicanos y a abrir el proceso constituyente".

Según indica la CUP en un comunicado, la comparecencia y rueda de prensa de Puigdemont realizada en Bruselas (Bélgica) supone en sí misma "un acto de dignidad". Ha insistido, sin embargo, en que "la mejor acción de gobierno" para evidenciar la apuesta por la construcción de la república catalana pasa por "aprobar los primeros decretos republicanos", así como por "declarar el inicio y apertura del proceso constituyente".

La CUP afirma compartir con Puigdemont "la denuncia de la actuación antidemocrática y parcial de la Administración de justicia española" y advierte, además, sobre "la impunidad con que actúa la extrema derecha españolista".

Después de llamar a "resistir contra el intento de imposición de medidas antidemocráticas a través del artículo 155 de la Constitución española", la CUP se muestra muy crítica con la actuación de Puigdemont y de los consellers destituidos por el Gobierno central desde el pasado viernes 27 de octubre y hasta hoy.

"Lo que ha ocurrido -afirma la CUP- demuestra que durante los dos últimos años no se ha hecho el trabajo de creación y consolidación de estructuras de Estado", y también "resulta evidente que ha habido un exceso de improvisación en algunas actuaciones de los últimos meses".

Sobre la citación ante el Tribunal Supremo de la presidenta del Parlament y otros miembros de la Mesa de la cámara, acusados de rebelión, sedición y malversación, la CUP expresa su "solidaridad" con los afectados, y considera esta medida como "una nueva actuación de revancha política por parte de la fiscalía española".

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