CAMBIOS EN LA POLÍTICA ESPAÑOLA
Solo ha pasado un año desde las elecciones del 20 de diciembre de 2015 aunque en estos doce meses la política española ha sufrido un terremoto sin precedentes. Un año frenético en el que todo ha cambiado salvo quizás una cosa: el presidente del Gobierno sigue siendo Mariano Rajoy.
Desde la Transición no se había vivido un periodo tan convulso con la irrupción sin precedentes de dos nuevos partidos, Podemos y Ciudadanos, que han revolucionado la vida parlamentaria acostumbrada al apacible bipartidismo encarnado en el PP y el PSOE, ayudado en ocasiones por el nacionalismo moderado.
La misma noche electoral del 20-D ya se vislumbraba en el horizonte que la formación del Gobierno iba a estar muy difícil y la negra sombra de nuevas elecciones se atisbaba en el horizonte. Dos de los titulares de aquella noche eran proféticos: "No guarden las urnas", rezaba uno, y "El PP gana las elecciones pero lejos de una mayoría suficiente para gobernar", apuntaba otro. Los siguientes meses confirmaron los peores pronósticos y el candidato que había obtenido más apoyos, Mariano Rajoy, renunció a someterse a la investidura ante la certeza de que no saldría elegido.
Tomó el relevo el entonces líder del PSOE, Pedro Sánchez, que cerró un acuerdo con Ciudadanos aunque seguía sin sumar una mayoría suficiente. Los vetos cruzados entre Pablo Iglesias y Albert Rivera y el voto en contra del PP, impidieron que Sánchez fuera elegido presidente del Gobierno pese a acudir al debate de investidura, una nueva situación inédita en la política española.
La fracasada investidura de Sánchez permitió, eso sí, poner en marcha el calendario electoral que acabó en una nueva convocatoria de elecciones generales el 26 de junio. Los comicios de junio movieron algo el mapa político aunque no lo suficiente.
El PP se veía reforzado a costa de Ciudadanos, el PSOE volvía a tocar suelo y Podemos se estancaba, a pesar de sumar en su candidatura a Izquierda Unida.
Mariano Rajoy, prudente, dejó pasar un par de meses antes de aceptar el encargo del Rey y someterse a la investidura, a pesar de que el 'no es no' de Pedro Sánchez impedía que saliera reelegido. A finales de agosto, tras ocho meses con el Gobierno en funciones, Rajoy salía derrotado en la investidura como lo había sido Sánchez cinco meses antes. La amenaza de unas terceras elecciones en Navidad volvía a planear en el horizonte y sólo un giro copernicano en el PSOE podría impedirlo.
Un golpe de timón que llegó a finales de septiembre con la rebelión de la mayoría de la Ejecutiva del PSOE y la salida forzada de su secretario general, Pedro Sánchez, el 1 de octubre. Con un PSOE roto, la convocatoria de elecciones hubiera resultado letal.
La abstención del PSOE a la investidura de Rajoy llegó cuatro semanas después, no sin una nueva fractura interna que aún tardará tiempo en cicatrizar. El pasado 29 de octubre, diez meses después de las elecciones del 20-D, Mariano Rajoy era reelegido presidente del Gobierno. Se puso fin a la etapa más larga vivida en democracia con un presidente del Gobierno en funciones y se abrió una legislatura incierta en la que las palabras diálogo, acuerdo y negociación serán las más repetidas.
Los primeros pasos de la legislatura han demostrado que la llamada "geometría variable" puede dar sus frutos a la hora de aprobar las principales reformas. Con apoyos a uno y otro lado de la bancada, el Gobierno del PP sacó adelante la semana pasada su primer paquete de medidas económicas, lo que allana el camino para los presupuestos de 2017 y parece despejar el primer tramo de la legislatura de Mariano Rajoy, aunque está claro que no todo será un camino de rosas.
Buena prueba son los intentos de la oposición, encabezada por el PSOE y Podemos, para desmantelar algunas de las leyes más polémicas del PP en la pasada legislatura, comenzando por la Lomce, la reforma laboral o la llamada 'ley mordaza'.
El Gobierno trata de impedirlo usando su capacidad de veto a aquellas iniciativas de los grupos parlamentarios que, a su juicio, suponen aumento o disminución de los ingresos presupuestarios. Vetos que pueden acabar con un nuevo conflicto entre instituciones en el Tribunal Constitucional como ocurrió en la pasada legislatura cuando el Gobierno en funciones se negó a someterse al control parlamentario.
Difícil parece estar también el consenso sobre una posible reforma de la Constitución, ante la falta de acuerdo sobre cuándo abordar la reforma y sobre todo, para qué. Y es que el desafío soberanista en Cataluña no parece ser el mejor contexto para una reforma que necesitaría, al menos, el mismo consenso que el que alumbró la Carta Magna en 1978.