RELACIÓN ENTRE ETA Y LAS FARC
El etarra Arturo Cubillas, al que reclama la justicia española por presuntos nexos con ETA y las FARC, acude a la Fiscalía venezolana para declarar como testigo en la causa abierta en este país a petición suya.
Así lo confirmó el abogado Marino Alvarado, asesor legal del etarra deportado en 1989 a Venezuela, cuya extradición solicitó el pasado viernes el Gobierno español.
El vicepresidente primero del Gobierno español y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, indicó que Cubillas es reclamado por delitos de terrorismo en la causa que instruye el juez español Eloy Velasco y en la que investiga las relaciones entre ETA y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
En Venezuela, la Fiscal General, Luisa Ortega Díaz, informó la semana pasada de que el fiscal venezolano encargado de investigar el caso, Richard Monasterio, le había citado para declarar en calidad de testigo el 2 de noviembre.
Monasterio fue nombrado después de que Cubillas, al que la justicia española señala como instructor de dos presuntos etarras en Venezuela, solicitara, el pasado 11 de octubre, ser investigado tras alegar "indefensión" ante las acusaciones en su contra.
La semana pasada, el juez Velasco rechazó asimismo la personación del etarra deportado en la causa que investiga la presunta alianza entre ETA y las FARC, y le citó a declarar como imputado el próximo 14 de diciembre.
Al solicitar al Gobierno español iniciar los trámites para extraditar a Cubillas, que tiene nacionalidad venezolana y trabaja para un ministerio de este país, el magistrado sugirió también que se reclamara al Ejecutivo de Caracas que le retire la nacionalidad.
Tanto la Fiscal General venezolana como varios miembros del Gobierno del presidente Hugo Chávez han afirmado en repetidas ocasiones que no se puede extraditar al imputado por la justicia española porque tiene nacionalidad venezolana.
En los últimos días, Cubillas se reunió en Caracas con dos abogadas españolas, Edurne Iriondo y Ainhoa Baglietto, que él nombró y que viajaron a Venezuela para "coordinar la estrategia jurídica" en el caso de su defendido, al que representarán en España, indicó el letrado Alvarado.
En entrevistas la semana pasada a medios oficiales venezolanos, el etarra deportado reiteró no haber "entrenado a nadie" ni haber estado en un campamento de las FARC.