Ley 'solo sí es sí'
Madrid, Málaga, Valladolid, Vizcaya, Granada, Córdoba y Zaragoza unifican criterios a la espera del Supremo y aplican la revisión de condenas con reducción de la pena al mínimo actual.
Los tribunales españoles han rebajado la condena a 32 delincuentes sexuales, de los que al menos 11 ya han sido excarcelados, tras la aplicación de la ley del 'solo sí es sí'.
A pesar de este dato hoy la ministra Irene Montero ha remarcado que la norma, que desde hace días se ha convertido en el centro de la polémica, es necesaria para que "se acabe la impunidad de los agresores". "Será determinante, para unificar criterios, la decisión que finalmente tome, en unos días, el Tribunal Supremo", ha matizado sobre la cuestión.
También hoy la titular de Justicia, Pilar Llop, que hace unos días consideró "fundamental el respeto al Poder Judicial", ha pedido "calma". "Todos los poderes públicos vamos actuar para remover cualquier obstáculo que impida o dificulte la plenitud de los derechos de la libertad y seguridad de las mujeres. Es una buena ley y hay que hacer pedagogía sobre esta norma que supone un cambio de modelo que decide la política criminal del Gobierno sobre los delitos contra la libertad sexual", ha subrayado.
Tras el revuelo causado Llop ha explicado que con esta ley "lo que antes eran abusos sexuales, es decir, delitos contra la libertad sexual sin violencia e intimidación, se incorporan dentro del concepto de las agresiones sexuales. Ya no se hace una diferencia de la gravedad de los delitos por la concurrencia de la violencia o la intimidación, todos serán considerados agresiones sexuales".
Choque de criterios
Hasta siete audiencias provinciales se han pronunciado sobre la ley del 'solo sí es sí. Todas ellas han constatado que el decreto obliga a los jueces a revisar a la baja las condenas de los agresores sexuales, es decir, que tienen que adjudicar la pena más beneficiosa para el condenado.
No obstante, esta ley no se aplica con carácter general, sino que se revisa "caso por caso", tal y como ha apuntado el presidente de la Audiencia Provincial de Valladolid, Francisco Javier Carranza.
En todo caso si la protección de las víctimas llega a verse comprometida varios ministros han reconocido que será necesaria una "revisión". "Si eso, por una u otra razón no se cumple, evidentemente requiere de su revisión", ha indicado María Jesús Montero.
En los próximos días el Tribunal Supremo unificará los criterios sobre cómo deben revisarse las penas de los condenados por delitos sexuales.