La presencia de Bildu cambiaría el escenario en Navarra y País Vasco

Cruce de acusaciones entre los partidos sobre supuestas presiones al Constitucional

Las formaciones políticas miran de reojo, al Constitucional a pocas horas del inicio de la campaña electoral. Entre otras cosas, porque la presencia de Bildu cambiaría el escenario en Navarra y País Vasco.  

También alteraría las relaciones entre los Partidos. Formalmente todos hablan de dejar trabajar a los jueces  aunque unos y otros, tienen intereses y presionan.

Eusko Alkartasuna, que forma parte de Bildu junto a la ilegalizada Batasuna defendia la legalización de Bildu desde la tribuna del Parlamento vasco.

Socialistas y populares impedían que se votara una declaración de apoyo a Bildu. El PNV dice que su relación con el gobierno esta en suspenso y en suspense a la espera del fallo del Constitucional.

Acusa a PP y PSOE de tener fines electorales en la decisión de los magistrados.Los socialistas acusan al PP de presionar al Constitucional.

Dicen que la posición del PSOE es clara. Para el PP, hay que dejar trabajar al Constitucional sin presiones. Los populares dicen que sea cual sea la decisión, ni peligra el pacto antiterrorista ni el pacto de gobierno en el Pais vasco.

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha considerado hoy "intolerable" que se pretenda presionar al Tribunal Constitucional en la decisión que tiene que adoptar sobre la coalición Bildu y su concurrencia a las elecciones del 22 de mayo.

Más sobre este tema:

España

Vicente Vallés, sobre la declaración de Zapatero: "No se puede decir que haya tenido mucho éxito en esta primera oportunidad"

Después de tres horas de interrogatorio, el juez ha puesto por escrito que "la declaración del investigado no ha logrado desvirtuar los indicios racionales de criminalidad expuestos en el auto de imputación".

El código de buen gobierno que impulsó Zapatero en 2005 vuelve al foco tras la investigación sobre las joyas halladas en su despacho

La normativa aprobada durante su mandato limitaba la aceptación de regalos por parte de altos cargos y obligaba a incorporar al patrimonio público aquellos de especial valor.