Nicaragua
El Gobierno de Daniel Ortega acusó el martes a España de "intromisión" por criticar el proceso electoral y la falta de libertades en Nicaragua e hizo referencia "al terrorismo de Estado de los GAL"
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha llamado este miércoles a consultas a la embajadora de España en Managua, María del Mar Fernández-Palacios, tras la nota emitida ayer por el gobierno nicaragüense en la que se vertían "graves e infundadas acusaciones" contra España y sus instituciones.
Además, la nota del Gobierno de Daniel Ortega, incluía "gruesas falsedades sobre procesos judiciales y electorales" españoles, ha subrayado Exteriores por medio de un comunicado.
"Nicaragua atraviesa una profunda crisis política, económica y social que se ha agudizado en las últimas semanas como consecuencia del recrudecimiento de la represión por parte del Gobierno contra actores políticos y sociales de la oposición, así como contra medios de comunicación independientes", prosigue el comunicado de Exteriores.
Por ello, España rechaza "de manera tajante" el contenido de la nota remitida en el día de ayer por la Cancillería nicaragüense y exige al Estado de Nicaragua que "cumpla con los compromisos internacionales adquiridos en materia de Derechos Humanos y sus propios preceptos constitucionales, garantizando los derechos de todos sus ciudadanos y la libre participación política".
Referencia a los GAL
El martes, en un texto dirigido al ministerio de Exteriores español, el Gobierno de Daniel Ortega acusaba de "intromisión, injerencia e intervención" en los asuntos internos, y lo considereban "impropias de Gobiernos Democráticos" y remitió al "terrorismo de Estado de los GAL" para atacar a España.
En los últimos días España y la Unión Europea han manifestado que las decisiones adoptadas por Ortega que impiden la participación de la oposición en las elecciones generales convocadas para el 7 de noviembre, eliminan las debidas garantías del proceso electoral en ciernes y privan de credibilidad a sus resultados.
España y la UE cuestionaban así el hecho de que desde el pasado mes de mayo ya son 32 los líderes y candidatos de la oposición nicaragüense detenidos y acusados de traición a la patria, lo que les impedirá presentarse a las elecciones generales de noviembre, en las que el exlíder sandinista Daniel Ortega aspira a su quinto mandato, cuarto de forma consecutiva, y segundo con su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.