REGENERACIÓN Y TRANSPARENCIA, ANTÍDOTOS
El cóctel de crisis económica y casos de corrupción en el ámbito político da como resultado uno de los momentos de mayor desafección de los ciudadanos hacia los representantes de los partidos. Así lo ponen de manifiesto las diversas encuestas, incluidas las del CIS, que reflejan el sentir de los españoles ante el goteo de ese tipo de casos que ven la luz pese a que todas las fuerzas políticas, con PP y PSOE a la cabeza, aseguran estar plantando batalla a la corrupción.
Las últimas noticias sobre los 22 millones de euros que llegó a tener en cuentas en Suiza el extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas, investigado en el caso Gürtel, o las relativas a otros casos que han afectado a dirigentes de CiU, no ayudan a eliminar la desconfianza.
El Gobierno y los partidos aseguran estar preocupados por los casos de corrupción y por las consecuencias que tienen en la percepción de la ciudadanía respecto a la clase política porque mina la confianza en ella, y coinciden en que la transparencia es una receta esencial contra ese mal. Pero, aunque estiman que provocan un enorme daño, sacan pecho y afirman que la inmensa mayoría de políticos son honrados y están comprometidos con todos los cortafuegos que se han ido poniendo en marcha a medida que han ido proliferando comportamientos que se alejan de sus respectivos códigos éticos.
El tiempo ha dado muestras suficientes para asegurar que la corrupción no es patrimonio de un determinado espectro político porque hay ejemplos de todo tipo, aunque desde la izquierda, con el PSOE a la cabeza, se sigue asegurando que la tolerancia ciudadana es mayor ante las actitudes que provienen de la derecha. El Ejecutivo, según aseguran fuentes gubernamentales, entiende la percepción ciudadana, pero considera que la corrupción no es en la actualidad uno de los principales problemas de España.
Sin embargo, desea seguir legislando para lograr su erradicación, y de ahí que entienda que la futura ley de Transparencia sea el mejor antídoto y que la reforma de la Administración contribuirá también a ese objetivo. La encargada de coordinar los trabajos de ambas iniciativas, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, ha aventurado lo que cambiarán las cosas cuando, con la aplicación de las nuevas medidas, todos los responsables políticos y administrativos sepan que los contratos han de publicarse desde el primer acto administrativo hasta el último, así como las subvenciones y convenios.
Además, el Gobierno reconoce que hay que trabajar por una "regeneración democrática completa", y Sáenz de Santamaría ha encargado un informe pormenorizado al respecto al Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, que está trabajando ya en esa dirección.
Por su parte, los socialistas consideran que la democracia "está profundamente herida por la corrupción". Lo dijo el pasado sábado el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, a sus compañeros del Comité Federal del partido, ante los que advirtió: "Nos tenemos que tomar este asunto muy en serio o nos llevará por delante".
Si en los ciudadanos puede existir la percepción de que la respuesta de una fuerza política a otra ante casos de corrupción ha sido "y tú más", el líder del PSOE ha instado a acabar con ello y a lograr un gran compromiso de todos los partidos contra esa lacra. No tardó en recoger el guante el Partido Popular, que, por boca de su vicesecretario de Organización, Carlos Floriano, aseguró estar "encantado" con esa propuesta de pacto.
Se trata, dijo, de actuar "sin contemplaciones" y defendiendo la ley "de principio a fin". Pero eso sí, aclaró que esa ha sido la actitud que ha mantenido siempre el PP ante este tipo de comportamientos.
Existe también una sensación generalizada de que la tardanza a la hora de juzgar los casos de corrupción hace que estos permanezcan durante mucho tiempo en primera plana informativa y eso contribuya a percibir como actitudes recientes hechos de hace años y que han provocado ya la puesta en marcha de medidas y controles para evitar que se repitan.
El análisis de la corrupción por parte de la ONG Transparencia Internacional, que realiza informes periódicos sobre este asunto en todo el mundo, sitúa a España en el puesto 30 de una lista de 176 países. Según ese último dato, hecho público el pasado mes, España ocupa el lugar número 13 entre los 27 miembros de la Unión Europea.
Las declaraciones de los representantes del Gobierno y de los partidos apuntan a medidas para mejorar esa posición. El tiempo y las portadas informativas determinarán si casan con los hechos, con los resultados y con las encuestas.