TRAS LA NEGATIVA DEL GOBIERNO A SOMETERSE A UN CONTROL
El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha aceptado la petición de prueba realizada por los Servicios Jurídicos del Estado para poder resolver el recurso presentado el pasado mes de junio por el Congreso por su conflicto de atribuciones con el Gobierno en funciones de Mariano Rajoy, por su rechazo a someterse a control parlamentario.
Fuentes jurídicas han confirmado que en la providencia dictada este jueves por el tribunal de garantías se da un plazo de diez días al Congreso y al Senado para que remitan la documentación solicitada por el Abogado del Estado. La práctica de esta prueba retrasará la decisión a adoptar sobre este asunto.
Entre otros documentos, el Abogado del Estado solicita al Congreso las Actas de la reunión de la Mesa de la Diputación Permanente del pasado 25 de mayo así como un informe de los servicios jurídicos de la Cámara en el que a que se hacen constar los precedentes de escritos parlamentarios sometidos a la calificación de la Mesa sobre control al Gobierno en funciones. De igual forma se pidió documentación sobre comparecencias, comisiones de control y debates de investidura desde 1979.
El pasado 13 de junio el TC admitió a trámite el recurso del Congreso, que se interpuso después de que la Mesa de la Diputación Permanente de este órgano, el único activo entre legislaturas, diera luz verde a su presentación.
El motivo del recurso fue la negativa del Gobierno a someterse al control parlamentario, en respuesta al requerimiento que le había hecho el Congreso. En su escrito, el Ejecutivo en funciones insistía en que "no puede ser sometido a iniciativas de control en la medida en que no existe una relación de confianza entre el Gobierno y el Congreso".