El Congreso rechaza la indemnización solicitada por Ábalos tras dejar su escaño y acogerse a la jubilación

En noviembre ingresó en la cárcel de Soto del Real por su presunta implicación en el caso Koldo. Dos meses más tarde, presentó su renuncia y, tan solo un día después, anunció su jubilación El exministro de Transportes José Luis Ábalos quedó fuera del Congreso y, según explicó, se retiraba por "haber quedado sin derechos, deberes ni funciones" y por haber agotado todas las posibilidades para defenderse.

El que fuera titular de Transportes había solicitado al Congreso una compensación económica. Sin embargo, este lunes los servicios jurídicos de la Cámara desestimaron su petición al considerar que su renuncia conllevaba la suspensión de todos sus derechos y deberes como diputado.

Ábalos había pedido al Congreso una indemnización por cese, es decir, una especie de prestación que se concede a los diputados cuando dejan su escaño y no cuentan con otros ingresos. En su caso, la cantidad podría haber superado los 57.000 euros, ya que fue diputado de manera ininterrumpida desde 2009.

Sin embargo, los servicios jurídicos del Congreso concluyen que no procede otorgarle esta ayuda porque cuando la solicitó, ya estaba suspendido de sus derechos al haber ingresado en prisión preventiva. De hecho, recuerdan que ninguno de los diputados que han sido suspendidos en el pasado ha cobrado esa compensación.

Un informe elaborado por los letrados de la Cámara recalca que la suspensión de un diputado implica la pérdida total de derechos, prerrogativas y beneficios asociados al cargo. Por eso, sostienen que "no es razonable entender que la renuncia al acta suponga recuperar unos derechos que ya no existían". Además, el Congreso considera que esta indemnización es incompatible con la pensión de jubilación a la que se ha acogido el exministro tras anunciar su retiro.

Incompatible con la jubilación

La norma establece que la indemnización por cese tiene como finalidad facilitar la transición de los diputados a la vida laboral, ayudando a quienes se quedan temporalmente sin ingresos. Pero esa ayuda se interrumpe en cuanto el beneficiario recibe otra fuente de ingresos, ya sea pública o privada. En este caso, explican que combinar esa indemnización con una pensión de jubilación sería "contraria a la finalidad" de dicha prestación.

La decisión definitiva será formalizada este martes por la Mesa del Congreso. Con ello, el exministro de Transportes, que sigue en prisión preventiva mientras espera juicio, quedará sin derecho a esta compensación económica. En los próximos días, su escaño será ocupado por la siguiente candidata en la lista del PSOE por Valencia, Ana María González Herdaro, poniendo fin a su etapa parlamentaria tras casi 15 años en la Cámara Baja.

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