Coronavirus
El Pleno del Congreso ha debatido las últimas medidas del Gobierno para hacer frente a la crisis del coronavirus. Entre ellas la ampliación de las ERTE o el fondo especial destinado a las comunidades autónomas, para que puedan hacer frente al incremento de gastos por la pandemia, unido a la rebaja de ingresos por la falta de actividad. También el fondo de rescate a las empresas y otra línea de avales.
Los ERTE como proyecto de ley
Se ha convalidado el decreto ley que amplió hasta el 30 de septiembre los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) por fuerza mayor derivados por la crisis del virus Covid-19. Asimismo, la cámara baja ha votado casi por unanimidad, menos por un voto negativo emitido telemáticamente, la tramitación del decreto como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, lo que habilita a los grupos a presentar enmiendas con las que buscar su modificación. El decreto ley fue aprobado por el Gobierno el pasado 26 de junio para prorrogar hasta el 30 de septiembre los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTEs) asociados al Covid-19 y la prestación extraordinaria para autónomos cuya actividad se haya visto mermada con la crisis, así como la creación de un nuevo fondo de garantías para la gran industria. Las prórrogas de estas medidas laborales son fruto de las negociaciones que ha mantenido el Gobierno, en el caso de los ERTE con CC.OO., UGT, CEOE y Cepyme y, en el caso de la protección a las personas autónomas, con ATA, UPTA y Uatae. Con el decreto ley, se mantiene la protección reforzada en el anterior acuerdo para las personas afectadas por ERTE derivados del Covid-19, sean de fuerza mayor total o parcial o basados en causas productivas o tramitados en caso de rebrote; se crea la figura del ERTE de transición para empresas que aún tengan problemas para reiniciar la actividad; y se incluye un nuevo tipo de ERTE para posibles cierres como consecuencia de un rebrote.
Dinero para las comunidades
También se ha convalidado el real decreto ley que regula la creación del fondo de 16.000 millones de euros para que las comunidades autónomas financien los gastos derivados de la pandemia de Covid-19, fundamentalmente en el sistema sanitario, un incremento en las partidas en educación y transporte, y compensar la pérdida de recaudación ocasionada por la caída de la actividad económica. La norma fue convalidada por 275 votos a favor, 70 votos en contra y dos abstenciones. Del total de 16.000 millones. 9.000 millones de euros corresponden a cubrir el gasto sanitario, de forma que más de la mitad se destina a combatir la pandemia. De estos 9.000 millones, el primer pago, de 6.000 millones de euros, tendrá lugar en julio y su reparto tendrá en cuenta la incidencia del virus en los territorios de manera que computarán los ingresos en UCI (30%); los pacientes hospitalizados (25%); las PCR totales realizadas (10%), así como la población protegida equivalente (35%). Los 3.000 millones restantes de esta parte sanitaria se transferirán en noviembre siguiendo los mismos criterios que en el tramo anterior, pero con diferentes ponderaciones, ya que se basarán en los ingresos en UCI (25%); los pacientes hospitalizados (20%); las pruebas PCR totales realizadas (10%); y en la población protegida equivalente (45%). Para este tramo, la distribución se realizará en base a los datos actualizados a 31 de octubre y Ceuta y Melilla recibirán 6 millones de euros.
Educación
El tramo correspondiente a cubrir gasto en educación contará con 2.000 millones de euros a transferir en septiembre, coincidiendo con el inicio del curso escolar. De esa cantidad, el 80% se distribuirá en función de la población de 0 a 16 años de cada autonomía, mientras que el 20% restante tendrá en cuenta la población de entre 17 y 24 años, al estar más dirigido a la educación universitaria. En este tramo, a Ceuta y Melilla les corresponderán 7 millones de euros.
Caída de impuestos y transporte
Por último, el cuarto tramo estará dividido en dos partes. La primera, por 4.200 millones de euros, irá destinada a compensar la caída de recaudación y su reparto será en un 60% en función del peso relativo de los derechos reconocidos medios de los ejercicios 2017, 2018 y 2019 por el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, el Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte y los tributos sobre el juego. El 40% restante se repartirá en función de la población ajustada definida en el sistema de financiación autonómica. La segunda parte de este cuarto tramo dispondrá de 800 millones dirigidos al transporte para compensar a las autonomías que no han tenido viajeros pero mantuvieron abiertas las líneas regulares. De esta cantidad, el 34% se distribuirá considerando los servicios de transporte regular interurbano de viajeros; el 13% considerando servicios de metro, tranvía o ferroviarios; el 49% se distribuirá en base a los datos del Consorcio Regional de Transportes de Madrid y la Autoridad del Transporte Metropolitano de Barcelona, y un 4% se asignará a Canarias por su transporte interurbano. En este cuarto tramo no participarán las comunidades forales de País Vasco y Navarra.