LA MAYORÍA DE LOS GRUPOS LA ENTIENDEN COMO UN ATAQUE
El pleno del Congreso debate el proyecto de ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, más conocido como reforma local, así como las numerosas enmiendas a la totalidad planteadas por la práctica totalidad de los grupos parlamentarios.
El Gobierno considera que la ley clarificará las competencias, garantizará la financiación por parte de las comunidades de los servicios que presten los ayuntamientos y mejorará la transparencia municipal. Sin embargo, la mayoría de los grupos entiende que es un ataque a la autonomía municipal y a la capacidad de representación de los alcaldes.
El Grupo Socialista, que piensa recurrir la ley ante el Tribunal Constitucional por suponer un "nuevo hachazo al Estado de bienestar", propondrá al resto de grupos un compromiso como el suscrito con la reforma educativa: su derogación cuando el PP pierda la mayoría absoluta.
CiU, en su enmienda de devolución, señala que vulnera la autonomía local y las competencias de las comunidades, tal y como dispone el Estatuto de Cataluña, la Carta Europea de Autonomía Local y la Constitución. En la misma línea se pronuncia el PNV en su enmienda, en la que alerta de que el sistema foral de régimen local puede quedar reducido "a la nada" en clara vulneración de la Constitución y del Estatuto de Gernika.
Por su parte, Izquierda Plural pide la devolución del proyecto al entender que supone un "atentado" contra el poder democrático municipal y contra el patrimonio de los ayuntamientos, y, por tanto, una vuelta a la etapa "preconstitucional" de tutela del Estado.
Desde el grupo mixto, ERC sostiene que es fruto de la visión "nacionalista, centralista y homogeneizadora" del Estado defendida por el PP. UPyD también ha pedido la devolución del proyecto, ya que la reforma aprobada por el Gobierno no afronta los verdaderos problemas de los ayuntamientos; refuerza a las diputaciones, "unas instituciones anacrónicas y poco democráticas", y "no soluciona el despilfarro" en las corporaciones.