ENTRE LOS ANTECEDENTES: JULIÁN MUÑOZ O LUIS ROLDÁN
La iniciativa tiene como antecedentes las entrevistas televisivas a Luis Roldán, el exdirector de la Guardia Civil que fue condenado por malversación; Julián Muñoz, exalcalde de Marbella y todavía con cuentas pendientes con la Justicia; o la madre de El Cuco', el menor procesado por la muerte de Marta del Castillo.
Se calcula que los delincuentes convictos Julián Muñoz y Luis Roldán cobraron 350.000 y 50.000 euros, respectivamente, por sus apariciones en televisión, mientras que Rosalía García, la madre de 'El Cuco', cobró de 9.000 a 10.000 euros por acudir a la entrevista de espaldas a la cámara y sin mostrar su rostro.
Según Ana Oramas, los poderes públicos no pueden permanecer "impasibles" ante este tipo de entrevistas que vienen a "subrayar la perversión de valores que supone que un crimen genere beneficios a su autor o a sus familiares por ir a una televisión a hablar de ello".
"Paradójicamente, se premia con sustanciosos emolumentos a delincuentes condenados por contar directamente en televisión sus particulares versiones (si no exculpatorias, autojustificativas) sobre los delitos que cometieron, sin que conste que hayan restituido a las arcas públicas las cantidades robadas o las multas e indemnizaciones impuestas", apunta.
Pero, además, "la extensión continuada de pagos a personas condenadas o relacionadas con condenados o imputados por ocupar tiempos de pantalla y ganar determinadas audiencias se ha convertido además, en muchos casos, no ya sólo en un circo, donde no se respeta ninguna regla informativa, sino en un trampolín para la comisión de otros delitos de calumnias o injurias".
Para tratar de combatir esta situación, la diputada de CC apela al "contrasentido" que supone que esos medios televisivos que premian a delincuentes "prestan el servicio público de televisión sobre la base de concesiones públicas realizadas por el Estado". "Desde el ejercicio del servicio público de televisión en régimen de concesión administrativa se está financiando de esa forma a personas que, lejos de restituir las cantidades defraudas a la administración pública, mantienen ocultos los recursos obtenidos con sus delitos", avisa.
Aunque admite que la limitación legal de estas prácticas retributivas a personas que hayan sido condenadas por los tribunales no puede ser total e incondicionada, ya que tienen el derecho constitucional a la libertad de expresión y de información, Ana Oramas considera que sí cabe aplicarla a aquellas que mantengan deudas con las administraciones, fruto de una sentencia condenatoria.
El servicio es público
Su objetivo es que el Gobierno inicie los cambios normativos precisos en la Ley General de Comunicación Audiovisual para "ilegalizar cualquier tipo de pago o prestación desde medios de comunicación concesionarios del servicio público de radiotelevisión a personas que, habiendo sido condenadas por la justicia, tengan pendientes las restituciones, indemnizaciones o multas económicas que les fueron impuestas". Esta prohibición, según CC, alcanzará también a sus familiares o allegados.
Pero además, Ana Oramas quiere "estudiar la posibilidad de que esta prohibición de remuneraciones se extienda igualmente a las personas imputadas en la comisión de delitos o condenados por los mismos sin penalización económica pendiente, que podrían ejercer su derecho a la libre expresión en los medios, pero sin recibir remuneración de ningún tipo por declaraciones referidas a los delitos probados o presuntos con los que se les ha relacionado".