España
La iniciativa cuenta con el rechazo de PP, Ciudadanos y Vox. La oposición asegura que estos gravámenes podría ser inconstitucionales y penalizarán la inversión extranjera en nuestro país.
Habrá impuestos a la banca, las energéticas y las grandes fortunas. El pleno del Congreso ha aprobado este jueves por la noche, tras dar luz verde a los Presupuestos Generales del Estado para el 2023, los gravámenes temporales con los que el Gobierno pretende hacer frente al actual contexto inflacionario.
La iniciativa ha salido adelante con el apoyo de 186 diputados de los grupos parlamentarios PSOE, Unidas Podemos, ERC, Bildu, Junts, Más País-Equo, Compromís, CC, la CUP y BNG. Los 152 diputados de PP, Vox, Ciudadanos, Navarra Suma y Foro Asturias han votado en contra, mientras que los 10 del PNV y PDeCat se han abstenido.
A petición de Más País y Compromís, la votación ha sido pública y por llamamiento, lo que ha obligado a los diputados a tener que ponerse en pie en su escaño para anunciar su voto 'a viva voz'.
Ahora, tras su tramitación en la Cámara Baja del Congreso de los Diputados, el texto pasará al Senado para completar su curso en las Cortes.
Los tres gravámenes aprobados
Los tres gravámenes temporales aprobados aplicarán en 2023 y 2024, aunque existe la posibilidad de hacerlos permanentes una vez se analicen al término de su vigencia.
Este gravamen será del 1,7% para los patrimonios de entre 3 y 5,3 millones de euros; del 2,1% para los patrimonios entre 5,3 y 10,6 millones; y del 3,5% para los patrimonios que superen los 10,6 millones de euros.
Gracias a este nueva medida, el Gobierno calcula una recaudación anual de 2.000 millones con el impuesto a las energéticas y 1.500 millones con el de la banca.
Se eximen los ingresos regulados
En lo referente al gravamen energético, se excluyen en este sentido los ingresos que provienen de las actividades reguladas. De esta manera, el impuesto no afecta a los ingresos en los que el suministro es a precio regulado, como son los casos del PVPC de electricidad, la tarifa de último recurso (TUR) de gas, el GLP envasado y el GLP por canalización. También están incluidos en esta exención los ingresos de las redes de transporte y distribución de electricidad y gas natural.
Un importante punto en este sentido es la enmienda introducida para que el impuesto solo aplique a la actividad que las empresas del sector desarrollen en España.
Abstenciones de PNV y PDeCAT
Ha sido significativa la abstención de PNV, socio prioritario del Gobierno. Junto a PDeCAT, ha asegurado compartir el fondo de la cuestión, aunque considera que su diseño podría llevar a su nulidad y, por tanto, a la devolución del dinero recaudado. En palabras del portavoz del Partido Nacionalista Vasco, Idoia Sagastizabal, esta devolución sería "con cargo a la ciudadanía a la que ahora se quiere proteger".
"Cuando los tribunales resuelvan negativamente, que nadie diga que los tribunales trabajan para los ricos", ha advertido durante la tarde de este jueves el diputado del PDeCAT, Ferrán Bel.
Feijóo señala "irregularidades muy discutibles"
En una línea similar se ha mostrado Alberto Núñez Feijóo. El presidente de los populares ha puesto sobre la mesa su legalidad y ha asegurado que su aprobación podría incurrir en "ilegalidades muy discutibles". Asimismo, Feijóo se ha quejado de que España sea el país con "menos ejecución de los fondos europeos" y ha alertado de que el siguiente Gobierno, tras las elecciones de 2023, tenga que "devolver" el dinero recaudado hasta entonces.
Los tres principales partidos de la oposición, PP, C's y Vox, han mostrado sus dudas durante sus intervenciones sobre la constitucionalidad de estos tres gravámenes y han anunciado el 'no' en la votación. Antes, además, los de Feijóo y Abascal han asegurado que estos nuevos tributos penalizarán la inversión extranjera en nuestro país.
"Estos impuestos atacan al ahorro y a la inversión, disuaden a cualquiera de invertir en España", ha añadido Gabriel Elorriaga, diputado del PP.
Otros socios del Gobierno los ven "insuficientes"
Por otro lado, varios partidos políticos que han apoyado su aprobación, como ERC o Bildu, han mostrado ciertamente su disconformidad. Confrontan con el Gobierno por la "temporalidad" de estos nuevos tributos e instan a PSOE y Unidas Podemos a implantarlos con carácter permanente.
Los dos partidos del Ejecutivo aseguran que es el momento de que el sector financiero "contribuya" en un momento condicionado por la inflación y se muestran satisfechos con su futura entrada en vigor.
Ahora, tras recibir luz verde en el Congreso, la iniciativa pasará al Senado para su entrada en vigor de manera definitiva.