CASOS EN LOS QUE PUEDEN INTERVENIR LOS JUECES ESPAÑOLES
El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado con los votos del PP la proposición de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial que limita los casos de justicia universal en los que pueden intervenir los jueces españoles. El texto ha contado con 180 votos a favor y 137 en contra y solo ha sido apoyado por el grupo popular, mientras que todos los de la oposición han mostrado su rechazo a esta iniciativa que ahora debe ser aprobada en el Senado y que ha superado el trámite del Congreso en una sesión a la que ha asistido el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.
La reforma supone que solo se puedan investigar y enjuiciar en España delitos graves cometidos fuera del territorio nacional como los de genocidio y lesa humanidad cuando la causa se dirija contra españoles o extranjeros que hayan adquirido la nacionalidad española con posterioridad a la comisión del hecho o cuya extradición hubiera sido denegada por las autoridades españolas. Ello cuando se haya interpuesto querella por el agraviado por el Ministerio Fiscal.
La iniciativa ha sido defendida por el diputado del PP José Miguel Castillo, que ha señalado que es legal que se haya tramitado como proposición del PP y no como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia con lectura única -sin debate en comisión-, ya que es una posibilidad prevista en el reglamento y que ha usado el PSOE "decenas de veces". Los grupos de la oposición han estimado que esta vía de urgencia ha sustraído al Parlamento de un debate y ha evitado que se pronunciaran órganos consultivos como el Consejo de Estado y el Consejo General del Poder Judicial.
Han considerado que la iniciativa supone en la práctica la eliminación de la justicia universal en España y el archivo de casos como la investigación de la represión en el Tíbet y la muerte del cámara de televisión José Couso en la guerra de Irak y han considerado de dudosa constitucionalidad su efecto retroactivo a causas en curso.
José Miguel Castillo ha mantenido que ningún convenio internacional reconoce el principio de jurisdicción universal entendido como un derecho de un Estado para perseguir sin limitación alguna hechos cometidos en otro, ni siquiera cuando éste no los persiga, y ha recordado que ya han introducido limitaciones en este campo países como Alemania, Italia, Dinamarca y Bélgica. Para el parlamentario popular, "España no puede seguir siendo diferente" y ha añadido que otra solución sería transformar a la Audiencia Nacional, como ya ha ocurrido en alguna ocasión, en una especie de tribunal penal internacional.
Además, considera que la actual normativa crea falsas expectativas pues el resultado de las investigaciones en la mayoría de los casos es el archivo. Ha destacado que, incluso, la iniciativa popular amplía la posibilidad de justicia universal no solo para casos de vulneración de derechos humanos como el genocidio y los crímenes de lesa humanidad sino también a otros ahora no recogidos como los cometidos contra la mujer, de violencia doméstica, psicológica, acoso, matrimonios forzosos, abortos y esterilizaciones forzadas y la trata de seres humanos.
El portavoz del PSOE, Julio Villarrubia, ha advertido de que la renuncia que en la práctica supone la reforma a perseguir este tipo de delitos graves lanza un mensaje de impunidad a sus autores, que quedarán sin castigo. Ha aclarado que el hecho de que exista una Corte Penal Internacional no garantiza siempre la persecución de estos crímenes ya que países como China, Estados Unidos e Israel no han firmado su convenio.
El diputado de la Izquierda Plural Gaspar Llamazares estima que esta reforma es fruto de la "presión" y el "chantaje" de empresarios chinos que se niegan a reunirse con los españoles mientras no se apruebe. Por CiU, Jordi Jané ha pedido al PP que rectifique esta iniciativa en el Senado y, por el PNV, Emilio Olabarria la ha calificado de "vergonzante".
La representante de UPyD Irene Lozano ha coincidido en que la iniciativa es fruto de "las presiones de China, a las que se accede por debilidad gubernamental" y por "un chantaje para que no se toque a cinco jerarcas" de ese país. También han expresado su rechazo al texto y a su forma de tramitarlo los diputados de ERC, Compromís, BNG y Amaiur.