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Fiscalidad

El Congreso aprueba la Ley contra el fraude fiscal

El PSOE ha contado con el respaldo de Unidas Podemos, PNV y el Partido Regionalista Cántabro (PRC) y puntual del PP, Cs y PDeCAT

a ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de MinistrosEfe

El Congreso ha aprobado este martes la ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal antes de su remisión al Senado para completar allí su tramitación.

Todo ello tras una única reunión de ponencia, en la que el PSOE logró la inclusión de todas sus enmiendas, respaldado en todo momento por Unidas Podemos, el PNV, que vio incluidas casi todas sus enmiendas a la ley, y el Partido Regionalista Cántabro (PRC), además de, puntualmente, otras formaciones como el PP, Cs o el PDeCAT.

Así, la Ley antifraude saldrá hacia el Senado con enmiendas del PP, Ciudadanos, PNV y PDeCAT. Estas formaciones habían exigido al Gobierno rebajar las exigencias a los representantes aduaneros, alegando un posible incremento de costes en las transacciones en los puertos y, por tanto, una posible pérdida de competitividad en estos centros logísticos.

El temor de estas formaciones es que la regulación planteada por Hacienda en el proyecto hiciera responder a estos representantes aduaneros de importes no satisfechos por el deudor o no recaudados a través de la ejecución de garantías, incluso fuera de los recintos aduaneros, por lo que se han introducido limitaciones al respecto en el texto que saldrá del Congreso.

Tributación de las socimis

Respecto a las enmiendas planteadas por el PSOE, la nueva ley obliga a tributar a las socimis el 15% de sus beneficios no distribuidos y a endurecer las condiciones de inversión en las sicavs para poder beneficiarse de una tributación del 1%. Eso sí, se contempla una 'pasarela' para inversores de sociedades disueltas libre de impuestos.

Los cambios realizados también recogen la propuesta del PSOE dirigida a amparar las inspecciones sorpresa por parte de la Agencia Tributaria, cuestionadas recientemente en los tribunales, y que así pueda personarse sin comunicación previa en los domicilios o una empresa.

A las sicav, concretamente, la nueva ley fijará requisitos de inversión mínima de 2.500 euros, o 12.500 euros en el caso de una sicav por compartimentos, para contabilizarlas dentro del mínimo de cien participantes necesario para tributar al 1% en el Impuesto sobre Sociedades.