EL PP RECURRIRÁ LA SENTENCIA
El Tribunal de Cuentas ha condenado al ministro de Sanidad en funciones, Alfonso Alonso, y al secretario sectorial de PP, Javier Maroto, junto al resto del gobierno municipal de Vitoria entre 2003 y 2007, a abonar 393.862 euros por la firma de un alquiler gravoso de unas oficinas en Vitoria.
El Tribunal de Cuentas estima de esta forma la demanda interpuesta, entre otros, por la nueva corporación municipal que dirige Gorka Urtaran (PNV), y considera que Alonso, Maroto y los siete acusados son responsables directos de haber ocasionado un "perjuicio" en los fondos públicos municipales por este alquiler.
El PP ha recordado que el Tribunal de Cuentas es una jurisdicción administrativa, no judicial, y que quien firma la sentencia es una "consejera, no jueza, designada directamente por el PSOE a propuesta de IU".
En un comunicado, el PP de Álava anuncia que recurrirá el fallo porque considera que no ha quedado acreditada la responsabilidad contable del equipo de gobierno municipal presidido entonces por el alcalde Alonso. Ha recordado que no se trata de un caso en el ámbito penal, que "no existe ningún tipo de corrupción y que, por tanto, no hay responsabilidad penal alguna".
Por último, recuerda que este asunto fue archivado en 2015 por la Fiscalía de Álava al no quedar acreditada "la existencia de ilícito penal alguno" y porque el "principio de unidad de actuación" del Ministerio Fiscal "exige que no se produzcan actuaciones cuando se tiene conocimiento de que otro (fiscal) está llevando a cabo actuaciones sobre los mismos hechos", en este caso el Tribunal de Cuentas.