Independentismo
Pegasus es un programa israelí de espionaje que tiene el CNI y que sólo se vende a gobiernos. ¿Está justificado su uso en el caso de las supuestas escuchas a los líderes independentistas?
El Gobierno autorizó al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) intervenir el teléfono de 18 líderes de Tsunami Democràtic, la plataforma que encabezó las movilizaciones contra la sentencia del 1-O en octubre de 2019, según publica este jueves el diario 'El Confidencial', que cita fuentes próximas a la operación. El espionaje se habría llevado a cabo a través de Pegasus.¿Pero, en qué consiste exactamente este sistema?
Pegasus es un programa israelí de espionaje que tiene el CNI y que sólo se vende a gobiernos. Su uso -que en España ha provocado toda una crisis política e institucional- no es ilegal siempre que venga autorizado por la orden de un juez.
¿Cómo funciona?
Su funcionamiento es relativamente sencillo. El CNI envía un mensaje al teléfono que quiere espiar. Por ejemplo, una notificación de Hacienda, de la Seguridad Social o una alerta de una noticia. Si el receptor pincha el enlace, los espías tienen desde ese momento acceso a todo el teléfono: llamadas, micrófono, mensajes, fotos o correos electrónicos.
También basta con dejar una llamada perdida de WhatsApp para acceder al teléfono. Todas estas acciones, en cualquier caso, las tiene que autorizar un juez del Tribunal Supremo asignado al CNI.
Cabe recordar, en este punto, que es legal que el CNI espíe, siempre que el objetivo de esta acción sea prevenir y evitar peligros o agresiones contra España; pero al invadirse fundamentales relacionados con la privacidad, se requiere una autorización judicial y concreta.
Escuchas a los integrante del Tsunami Democràtic
Así, entre los espiados con Pegasus por indicación del Ejecutivo se encuentra el ingeniero que ha liderado la investigación sobre el supuesto espionaje al independentismo catalán, Elies Campo Cid, de 39 años, pieza fundamental por su papel en el diseño de la estructura tecnológica del movimiento, según 'El Confidencial'.
El resultado de las pesquisas, que también contó con la autorización preceptiva del Tribunal Supremo, fue transmitido a Moncloa, según las fuentes citadas por dicho diario.