Política
El CGPJ apela a la "responsabilidad institucional" para "evitar la utilización política de la Justicia".
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha expresado su "rotundo rechazo" a las críticas de la vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, al juez del caso 'Tsunami Democràtic', Manuel García Castellón.
La vicepresidenta tercera ha afirmado, en una entrevista en TVE, que las acciones del magistrado "tienen una implicación política importante y suele salir a colación en momentos sensibles".
Ribera ha insistido varias veces, a lo largo de la entrevista, en el 'timing' del magistrado a la hora de emitir sus autos judiciales. "El momento en el que salen estas declaraciones es relevante", ha asegurado.
Tras estas palabas, la Comisión permanente asegura que son "contrarias" al "deber de respeto a la independencia judicial", al tiempo que ha reclamado "responsabilidad institucional" para "evitar la utilización política de la Justicia".
Los tres vocales conservadores que integran la Comisión Permanente --José Antonio Ballestero, Carmen Llombart y María Angeles Carmona-- habían pedido al presidente interino del CGPJ, Vicente Guilarte, que convocara una reunión urgente de la misma, algo que finalmente se ha hecho de forma telemática para alumbrar un pronunciamiento unánime, poco usual en este Consejo, habitualmente dividido en los bloques progresista y conservador.
Para la Comisión Permanente, "estas manifestaciones son contrarias al principio de lealtad institucional" y "al deber general de respeto a la independencia judicial inherente a un Estado de Derecho consolidado e integrante de la Unión Europea, uno de cuyos valores esenciales es la separación de poderes, imprescindible para hacer realidad el valor Justicia".
"Desde el más absoluto respeto al derecho de libertad de expresión, la Comisión Permanente considera imprescindible reafirmar que la actuación del Poder Judicial, institución esencial en toda sociedad democrática, persigue en todo momento el cumplimiento de la ley y la defensa de los derechos reconocidos a todos los ciudadanos españoles, fundamento de nuestro Estado Social y Democrático de Derecho", concluye.
No solo se ha pronunciado la Comisión Permanente del CGPJ, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional también ha rechazado que el juez actúe guiado por una "pretendida motivación política".
La Sala, en un auto dictado este mismo viernes al que ha tenido acceso EFE, rechaza un recurso de Josep Lluís Alay, investigado en la causa, contra unas diligencias que había ordenado García-Castellón
Desde el Partido Popular han cargado contra Ribera por insinuar que Manuel García-Castellón es un juez prevaricador además de señalar, como ha hecho su portavoz, Borja Sémper, que el ataque del Ejecutivo a la división de poderes "y a la defensa" de los políticos independentistas sigue adelante "a costa de nuestro Estado de derecho".
A esta denuncia se ha sumado también la secretaria general del partido, Cuca Gamarra, que ha exigido al Gobierno que desautorizara a Ribera; y la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que cree que "tratar a la justicia española como si fuera una república bananera expulsa la inversión y mata la creación de puestos de trabajo".
Además los populares han anunciado que reprobarán a la vicepresidenta tercera en el pleno del Senado, donde el PP tiene mayorí