CGPJ
El Consejo General Poder Judicial se opone por primera vez al candidato que designa el Gobierno. Se trata de Álvaro García Ortiz, aunque no es una decisión vinculante.
El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se pronuncia sobre la propuesta del Gobierno de renovar a Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado. García Ortiz se encuentra desempeñando esta función tras sustituir a Dolores Delgado el pasado año.
Según el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, su mandato puede ser renovado por haber estado menos de dos años en el puesto. Si sale adelante, permanecerá en el puesto hasta 2027.
De momento, el CGPJ rechaza que Álvaro García Ortiz siga como fiscal general del Estado al considerar que nos idóneo para el cargo que desempeña. Se trata de una opinión y no es vinculante, es decir, el Gobierno podría seguir adelante con su renovación Es la primera vez en democracia que el Consejo General del Poder Judicial emite un informe en contra del candidato propuesto por el Ejecutivo.
En el debate han participado 15 de los 16 miembros del CGPJ, según 'Europa Press'. El vocal Enrique Lucas, alineado con el bloque progresista, no ha estado presente porque su hermano, Pablo Lucas, es uno de los cinco magistrados que firman la sentencia del Tribunal Supremo que achacó a García Ortiz una "desviación de poder" por ascender a Delgado a la máxima categoría de la carrera fiscal por haber estado al frente del Ministerio Público.
De los allí presentes, ocho han declarado como candidato 'no idóneo' a García Ortiz frente a los siete que sí lo apoyan. En contra han votado los vocales Ángeles Carmona, Nuria Díaz, José María Macías, Juan Manuel Fernández, Gerardo Martínez Tristán, José Anotnio Ballestero, Wenceslao Olea y Carmen Llombart y le han apoyado Guilarte, Roser Bach, Juan Martínez Moya, Clara Martínez de Careaga, Pilar Sepúlveda, Álvaro Cuesta y Mar Cabrejas.
El CGPJ analiza la idoneidad del candidato en base a los requisitos dictados por ley: ser un jurista de reconocido prestigio con más de 15 años de ejercicio profesional.
El Gobierno ratificó a García Ortiz en el cargo hasta 2027 confirmando su "confianza" en él. Fue designado para el puesto en julio de 2022, después de que Dolores Delgado anunciara su dimisión. Desde su llegada ha sido objeto de críticas. Una de las decisiones que adoptó y que fue criticada fue la de ascender a su antecesora a fiscal de sala, con destino en la Sala de lo Militar del TS, en contra del criterio de la mayoría del Consejo Fiscal.
El Supremo fue contundente al resolver que se incurrió en una "desviación de poder", que calificó de "innegable", por ascender a Delgado por haber sido fiscal general del Estado.