Caso Begoña
El juez Peinado, expedientado por cuestionar a la Policía en el Caso Begoña Gómez
Las medidas cautelares impuestas por el juez Peinado se hicieron públicas el sábado, cuando comunicó que enviaba a juicio a Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez. Las dudas que plantea el magistrado sobre la posible colaboración de los agentes en una hipotética huida de la investigada ha generado malestar en el Cuerpo Nacional de Policía.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado expedientar al juez Juan Carlos Peinado por cuestionar a la Policía en el 'caso Begoña Gómez'. Este lunes se han reunido urgentemente de forma presencial para decidir si castigaban al magistrado por lo afirmado en su auto. Finalmente, el Consejo ha aprobado expedientar a Peinado, aunque la votación ha contado con el voto de calidad de la presidenta de CGPJ, Isabel Perelló.
La decisión ha salido adelante con los votos de tres vocales encuadrados en el sector progresista y el de la presidenta del CGPJ, que cuenta con voto de calidad, y por la que ahora el promotor de la acción disciplinaria, Ricardo Conde, deberá estudiar si Peinado pudo incurrir en una "falta grave de consideración" y un "exceso o abuso de autoridad", según han trasladado a EFE fuentes jurídicas.
Sin embargo, los cuatro vocales del sector conservador, que han suscrito un voto particular, argumentan que la resolución en la que Peinado hizo esas alusiones debe revisarse por la vía ordinaria de recursos ante la Audiencia Provincial de Madrid y no compete al Consejo, que se estaría inmiscuyendo "ilegítimamente" en competencias que le son ajenas.
José Eduardo Martínez Mediavilla, José Carlos Orga Larrés, Isabel Revuelta de Rojas y Alejandro Abascal Junquera, son los cuatro vocales que han votado en contra al considerar que el magistrado motivaba los motivos por los que procede imponer medidas cautelares en una decisión "estrictamente jurisdiccional" que se debe revisar por la vía ordinaria, a través de recursos ante la Audiencia Provincial de Madrid, lugar donde puede "apreciarse una eventual ausencia, insuficiencia o desacierto de la motivación".
Indignación en la Policía
El domingo hubo un encuentro extraordinario, y de forma telemática, donde valoraron el último auto del juez titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid. En esa reunión telemática se constató la división del Poder Judicial y su presidenta Isabel Perelló presentaba la propuesta de apertura de expediente al magistrado, que hoy ha sido sometida a votación.
El rechazo y la indignación de los distintos representantes y asociaciones de Policía Nacional, por el último auto del juez Juan Carlos Peinado, han sido unánimes. Los agentes consideran injustificada cualquier sombra de sospecha sobre su profesionalidad. La justificación del magistrado de las medidas cautelares impuestas a Begoña Gómez, en la posible colaboración de los escoltas en una hipotética huida de la Justicia de la esposa del presidente del Gobierno, ha levantado ampollas.
El ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska elevaba una queja, así como la Jefatura Superior de Policía, y este lunes ha comenzado la reunión del CGPJ para decidir si expedienta al juez Peinado por el polémico argumento utilizado para la retirada del pasaporte a Begoña Gómez y la obligatoriedad de presentarse en los juzgados cada 15 días.
El Gobierno ha vuelto a insistir en denunciar una campaña de acosos y derribo contra Pedro Sánchez, que comparecerá a petición propia en el Congreso este miércoles para abordar el problema de la corrupción.
El CGPJ expedienta a Peinado
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha decidido abrir un expediente disciplinario al juez Juan Carlos Peinado por decir en el auto de apertura de juicio oral a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, que los policías encargados de escoltarla podrían ayudar a que se fugara.
En su auto, el instructor afirma que los policías que desempeñan las tareas de escolta a la esposa del presidente del Gobierno podrían ayudarla a fugarse de España.
Esa normativa tiene que ver con el "exceso o abuso de autoridad, o falta grave de consideración respecto de los superiores, iguales o inferiores en el orden jerárquico, de los miembros del Ministerio Fiscal, de los abogados, procuradores, secretarios judiciales y de cualquier otra persona que intervenga en el procedimiento".
Los hechos que encajen en esos supuestos serán considerados "una falta grave" castigada con sanciones que van desde la imposición de una multa de 6.000 euros al traslado forzoso, la suspensión durante de tres años o, incluso, la expulsión de la carrera.
Aunque el juez Peinado fuera sancionado, la aplicación del correctivo no tendría efectos prácticos puesto que deberá jubilarse de manera obligatoria el próximo 27 de septiembre al cumplir los 72 años.
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