CGPJ
El texto ha sido aprobado con el voto favorable de los nueve vocales conservadores.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tenía dos informes sobre la Ley de Amnistía sobre la mesa: uno en contra y otro a favor. Finalmente, ha decidido "apoyar" el informe contrario a la ley. Es un nuevo varapalo al Gobierno, porque el Poder Judicial confirma que "ve inconstitucional" la amnistía. El CGPJ aprueba por nueve votos el crítico informe.
La norma, tras ser aprobada en el Congreso de los Diputados, llega al Senado -con mayoría popular-. El objetivo del PP es dilatar al máximo la tramitación de la norma que el Gobierno ha pactado con el independentismo que perdona a los encausados por el 'procés'. El CGPJ dispone de mayoría conservadora desde hace años, una situación que ha sido denunciada por el PSOE, que lamenta un "bloqueo" en la institución.
La decisión de lanzar el informe se ha tomado por nueve votos a favor, cinco en contra y dos en blanco después de estudiar dos informes opuestos sobre la amnistía a petición del Senado. El informe del sector progresista sostenía que la proposición de ley se ajusta a la Carta Magna, aunque subrayaba la falta de concreción temporal. Respecto al terrorismo, echaba en falta una definición de lo que se considera violación de derechos humanos.
Este informe ha sido redactado por el juez conservador Wenceslao Olea. Han votado a favor del texto, además del ponente, los vocales José Antonio Ballestero, Ángeles Carmona, Nuria Díaz Abad, Juan Manuel Fernández, Carmen Llombart, José María Macías, Juan Martínez Moya y Gerardo Martínez Tristán.
El texto detalla que la proposición de ley no justifica su adecuación a los valores, principios y condiciones de la Constitución. Los vocales manifiestan que ninguno de los preceptos legales vigentes, ni la doctrina del Tribunal Constitucional, ni la jurisprudencia del Tribunal Supremo permiten concluir que la amnistía esté reconocida en el Derecho español.
Desde el CGPJ insisten en que la Ley de Amnistía socava el derecho a la igualdad y consideran que el fundamento de la ley que podría justificar el trato discriminatorio es insuficiente y arbitrario. Tampoco ven admisible que el Poder Legislativo pueda dejar sin efecto las decisiones adoptadas por los tribunales, salvo en los supuestos expresamente autorizados por la Constitución, como ocurre con los indultos. Asimismo, el texto esgrime que la norma vulnera el principio de separación de poderes.
La tramitación parlamentaria elegida es -para el Poder Judicial- arbitraria y que no se motiva su urgencia. Entienden los vocales que tampoco supera el juicio de constitucionalidad atendida su naturaleza de ley singular y no cumple la exigencia de que las causas que la motivan no sean arbitrarias.
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