Caso Koldo
Santiago Pedraz, juez de la Audiencia Nacional, envía a prisión al empresario por su presunta participación en un fraude de más de 182 millones a Hacienda.
El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, envía a Víctor de Aldama y a su socio, Claudio Rivas, a prisión comunicada y sin fianza por su presunta participación en un fraude a Hacienda Pública de más de 182 millones de euros a través del sector de los hidrocarburos.
En el auto que recoge Europa Press, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 accede a lo solicitado por la Fiscalía Anticorrupción y atribuye a los dos detenidos delitos contra la Hacienda Pública, pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales. El magistrado ha tomado declaración este jueves por la mañana a los dos detenidos y a la hermana de Rivas, María Luisa, a quien ha dejado en libertad con la obligación de comparecer cada quince días en el juzgado más cercano a su domicilio, la retirada de pasaporte y la prohibición de abandonar el territorio nacional sin autorización judicial.
El juez cifra el fraude en unos 182 millonesde euros y señala como responsables de la organización criminal a los codirectores Claudio Rivas y Víctor de Aldama, como subdirectora a María Luisa Rivas, además de a otros cooperadores y una serie de testaferros situados en los órganos de administración de las sociedades suministradoras.
En su resolución, el magistrado también detalla que "se han identificado transferencias al exterior por importe de 73.902.852,60 euros a Portugal, Colombia y China". La organización criminal, según explica Pedraz, supuestamente diseñó, implementó y operó una estructura empresarial paralela que utilizó para perfeccionar el blanqueo de los capitales generados. De esta manera, a las cuentas bancarias tituladas por éstas, transfirieron fondos de procedencia delictiva, principalmente, desde las cuentas de las suministradoras.
"Dado que el dinero viene de las suministradoras, mercantiles que se emplean para bajar el precio del hidrocarburo con el IVA que no van a abonar, todo el dinero que transfiere procede de la cuota presuntamente defraudada", señala el juez. En su resolución, el magistrado lleva a cabo el análisis de la operativa creada por los investigados para llevar a cabo la actividad defraudatoria utilizando una serie de sociedades instrumentales para operar en el mercado.
El juez destaca que "la creación de la estructura empresarial tuvo dos fines claramente diferenciados". "Uno orientado al perfeccionamiento del fraude, el cual ha sido, hasta el momento, definido en su práctica totalidad", declara. El otro, continúa, "claramente orientado al blanqueo de los capitales, el cual está parcialmente identificado advirtiendo que pudiera haber otras sociedades titulando cuentas bancarias en el extranjero que aún no han sido identificadas y, a través de las cuales, podrían operar los investigados salvaguardando el patrimonio vinculado".
El magistrado justifica la prisión provisional de Aldama y Rivas debido a la gravedad del delito con la pena que en su caso pudiera imponerse y que podría llevar a que los imputados eludan la acción de la justicia.
En esta fase inicial de la investigación, aún queda por analizar material de las entradas y registros, de manera que podrían acordarse nuevas diligencias, a lo que se unen las medidas cautelares reales decretadas para recuperar en lo posible lo defraudado y que podrían verse perjudicadas en caso de quedar en libertad los dos investigados.
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