Corrupción
La mayoría de los casos de corrupción de España que han acabado en condenas firmes se abrieron gracias a las acusaciones populares con recortes de periódicos.
El Partido Socialista (PSOE) pretende frenar y obstaculizar las acusaciones populares y las querellas con recortes de prensa. Sin embargo, la mayoría de los casos de corrupción de España que han acabado en condenas firmes se abrieron gracias a las acusaciones populares con recortes de periódicos.
Desde el caso de los Gal o Filesa, a los famosos papeles de Bárcenas, pasando por el caso de Urdangarin o la trama Gürtel, gracias a la cual Pedro Sánchez alcanzó la presidencia del gobierno después de que la sentencia contra el PP permitiese una moción de censura.
El caso Filesa fue un escándalo de corrupción relacionado con la financiación ilegal del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) para cubrir los gastos de la campaña electoral de 1989.
La trama consistía en varias empresas: Filesa, Malesa y Time-Export, que inflaban contratos públicos para obtener comisiones, lo que permitió financiar al partido de manera ilícita. Estos hechos fueron probados judicialmente tras una querella presentada por el abogado del Partido Popular, Juan Ramón Montero.
La investigación fue llevada a cabo por el magistrado Marino Barbero Santos, quien en mayo de 1995 concluyó el sumario, imputando a 39 personas por varios delitos, como falsificación de documentos, malversación y asociación ilícita. Posteriormente, el caso derivó en el "Caso Ave". El juicio comenzó en 1997 con 12 acusados, quienes enfrentaban cargos como falsedad, asociación ilícita y apropiación indebida.
La sentencia fue dictada el 28 de octubre de 1997, y entre los condenados se encontraba José María Sala, quien cumplió dos de los tres años de prisión a los que fue condenado, tras suspenderse su pena por el Tribunal Constitucional. Se estableció que el PSOE obtuvo más de 1.200 millones de pesetas (unos 7,21 millones de euros en 1990) de forma ilegal, lo que equivale a aproximadamente 15,6 millones de euros en 2020.
Durante la instrucción, 50 personas fueron imputadas, pero solo 12 fueron juzgadas, incluyendo varios miembros del PSOE. Entre los condenados hubo ocho sentencias de prisión, tres de ellas para exdirigentes del partido, como Josep Maria Sala, Carlos Navarro y Aída Álvarez, quien recibió una pena de dos años, cuatro meses y un día.
En noviembre de 2007, la Fiscalía Anticorrupción inició la investigación del conocido como caso Gürtel, que hacía referencia a una red de corrupción política vinculada al Partido Popular que afectó principalmente a Madrid y a Valencia.
En febrero de 2009 se denunció ante la Audiencia Nacional y en 2020 el Tribunal Supremo ratificó el grueso de las condenas impuestas a los principales implicados: Luis Bárcenas, Rosalía Iglesias, Francisco Correa, Pablo Crespo o Guillermo Ortega.
El caso Gürtel investigaba una red de corrupción vinculada al Partido Popular, que se habría beneficiado 'a título lucrativo' de los pagos de una red de empresarios que realizaron diversas retribuciones a diferentes ayuntamientos y administraciones gobernadas por el PP.
Como consecuencia de este caso de corrupción, tuvieron lugar las siguientes dimisiones o ceses de cargos en empresas públicas:
El caso Nóos, conocido también como caso Urdangarin, fue un caso de corrupción política que inició en 2010, cuando el juez José Castro, encargado de la investigación del caso Palma Arena, decidió abrir una nueva línea de instrucción para recabar información acerca de varios convenios firmados durante 2005 y 2006 por el Gobierno balear y el Instituto Nóos.
El conocido inicialmente como caso Babel, implicó de forma directa a Iñaki Urdangarin, ex-yerno del rey Emérito, Juan Carlos I, y presidente del Instituto Nóos, una fundación "sin ánimo de lucro" que se usó para cometer los delitos de malversación, fraude, prevaricación, falsedad y blanqueo de capitales.
Los principales implicados en esta trama y sus respectivas condenas:
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