Suplantación de identidad
La alcaldesa pidió a la ciudadanía que ignore cualquier mensaje o publicación sospechosa.
La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, ha denunciado ante la Policía Nacional la suplantación de sus perfiles en redes sociales y en la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp. La denuncia se hizo pública este martes a través de sus cuentas oficiales, donde Darias alertó sobre la situación y pidió a la ciudadanía que ignore cualquier mensaje o publicación sospechosa proveniente de cuentas que intenten hacerse pasar por ella.
En su mensaje, también incluyó enlaces a sus perfiles oficiales en Facebook, Instagram y X, y en ellos se destacaba que su cuenta en esta última red está verificada con un tic sobre fondo grisáceo, lo que indica que pertenece a una organización gubernamental o multilateral.
La suplantación de identidad es un problema cada vez mayor en el ámbito de la seguridad digital. Este delito consiste en hacerse pasar por otra persona para obtener algún tipo de beneficio, que suele estar vinculado a actividades fraudulentas como la obtención ilegal de datos, el ciberacoso (ciberbullying), o incluso el "grooming", un término que se refiere al proceso de ganarse la confianza de un menor con fines de abuso sexual.
El entorno digital, especialmente las redes sociales, es un escenario propicio para este tipo de actividades. Los delincuentes crean perfiles que son falsos para poder así interactuar con otras personas, haciéndose pasar por figuras públicas o, en algunos casos, por individuos comunes, lo que demuestra que cualquier usuario activo de redes sociales puede ser víctima de esta práctica malintencionada.
La suplantación de identidad no solo afecta a la privacidad de las personas, sino que también puede traer consigo consecuencias legales graves. Si la usurpación se utiliza para cometer una estafa por un valor inferior a 400 euros, la pena puede ser de uno a tres meses de prisión. Sin embargo, si el valor supera los 400 euros, la condena podría extenderse hasta tres años de cárcel. Además, si la suplantación se emplea para atentar contra el honor de la persona o para divulgar secretos personales, las sanciones pueden incluir multas de doce a veinticuatro meses, así como penas de prisión de entre uno y cuatro años.
Ante la creciente amenaza de la suplantación de identidad, es fundamental que las personas tomen medidas inmediatas si sospechan que están siendo víctimas de este delito. El primer paso es presentar una denuncia ante la Policía Nacional o la Guardia Civil, que permitirá iniciar una investigación formal. Además, se recomienda acudir a las Juntas Arbitrales de Consumo y presentar una demanda ante la Oficina de Atención al Usuario de Telecomunicaciones.
En situaciones más graves, como cuando la usurpación ha llevado a la inclusión en un fichero de morosidad, es crucial solicitar la cancelación de los datos personales y denunciar el hecho ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). Esta entidad es la encargada de velar por el cumplimiento de la normativa de protección de datos y puede intervenir en casos de suplantación de identidad para garantizar que los derechos de las personas afectadas sean respetados.
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