CREE QUE NO ES IMPARCIAL
La defensa de la expresidenta del Parlament Carme Forcadell ha planteado ante el Tribunal Supremo (Barcelona) la recusación del juez Pablo Llarena, al entender que instruye la causa del "procés" desde una posición subjetiva de "víctima" y con "criterios de oportunidad política".
En su escrito, Forcadell pide a la sala segunda del Tribunal Supremo que aparte a Llarena de la causa del "procés" al cuestionar la imparcialidad del magistrado, quien, según la defensa, tiene "un interés indirecto" en la causa, como lo demuestra que "formule opiniones o tome partido" respecto a los hechos que investiga.
Para Olga Arderiu, abogada de Forcadell, el juez demostró su "subjetividad" cuando decidió permitir medidas de protección para la secretaria del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, que declaró como testigo protegida por un biombo. La defensa afea a Llarena que, al tomar esa decisión, se remitiera a su propia "vivencia personal", con lo que, para la abogada, se situó "en posición de víctima".
Según la defensa de Forcadell, el juez "utiliza criterios subjetivos basados en personales concepciones de los hechos que, alejándose de los elementos fácticos y objetivos que debieran guiar los procesos valorativos, conlleva la adopción de resoluciones arbitrarias (...)".
Otro ejemplo que, según la abogada de Forcadell, muestra la posición de "víctima" de Llarena en la causa es que en el auto en que procesó a los líderes independentistas se refirió a la "estrategia que sufrimos" por parte de los investigados, una expresión que, recuerda el escrito, se suprimió en la traducción al alemán para la tramitación de la euroorden.
Según la defensa, la utilización del verbo sufrir en primera persona "ya establece una apariencia de parcialidad respecto a los presentes hechos", en que el magistrado se presenta como una persona que "siente un daño moral" por lo que se investiga en el procedimiento. Carme Forcadell considera también que Llarena ha llevado a cabo un "análisis subjetivo" de la situación política catalana, con "numerosas referencias y posicionamientos políticos", en que a su parecer "criminaliza la totalidad del proceso político realizado en Cataluña a través de sus representantes democráticamente escogidos".