Ley de amnistía
Esta es la cronología de las decisiones del juez y de los cambios realizados de manera inmediata en el texto de la ley de amnistía, en función de esas decisiones del juez.
Tan solo es cuestión de unos días saber si las nuevas exigencias del partido de Puigdemont son asumidas por el PSOE y defendidas de la misma manera que las que acaban de aceptar. Según fuentes jurídicas, estas que ya se han introducido en el texto de la ley son una reacción, punto por punto, a las decisiones que adopta el juez de la Audiencia Nacional, García Castellón. Aseguran que cada vez que el juez actúa, Puigdemont y Sánchez cambian la ley.
14 de octubre de 2019. Tsunami Democràtic paraliza el aeropuerto de El Prat. Poco después arranca la investigación que inicia él, el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón. Hay sospechas de que los responsable de Tsunami incurrieron en un presunto delito de terrorismo. Se trata de un dato que no se da a conocer hasta el año pasado.
En un primer momento, la Fiscalía coincide con el juez, aunque luego se cambia el criterio del fiscal que elaboró inicialmente el informe. Sus superiores no creen que sea terrorismo. Todo esto ocurre poco después de las elecciones. Con PSOE y Junts negociando y en la recta final, García Castellón imputa por terrorismo a Puigdemont y Rovira. Un antes y un después en las negociaciones aunque tres días después logran un acuerdo. Eso sí, incluyen en la futura ley de amnistía a los procesados por terrorismo. Puigdemont podría ser amnistiado, lo que permite a Sánchez sacar adelante su investidura.
García Castellón eleva al Supremo la causa y el independentismo intensifica su ataque a los jueces. El último choque nos lleva hasta la semana pasada: el magistrado en un auto insiste en el delito de terrorismo. De esta manera, hay nueva acción de García Castellón y nueva reacción del Gobierno.
Tras ello, el PSOE acaba aceptando incluir en la ley de amnistía también a los condenados por terrorismo, a excepción de casos de violaciones graves de derechos humanos. Fuentes cercanas al juez califican de escandalosa esta nueva cesión de Sánchez, aunque confían en que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sepa ver lo que para ellos es una maniobra del Gobierno.