Calvo asegura que el Gobierno recurrirá el fondo del Govern para pagar al Tribunal de Cuentas si ve "irregularidades"

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha dicho este jueves que el Gobierno recurrirá el fondo de 10 millones de euros creado por la Generalitat de Cataluña mediante decreto ley para abonar las fianzas que reclama el Tribunal de Cuentas si detecta "irregularidades" a nivel legal.

Calvo ha señalado que dicho decreto, cuya legalidad está estudiando el Ministerio de Política Territorial, contiene aspectos "difíciles de entender". El Tribunal de Cuentas reclama 5,4 millones de euros a ex altos cargos independentistas por promocionar el 1-O en el exterior con, supuestamente, fondos públicos.

De esta forma, la vicepresidenta del Gobierno ha señalado que la cartera de Miquel Iceta está analizando si hay "partes" o "elementos" en ese decreto ley que puedan ser "inaceptables" desde el punto de vista constitucional.

"La legalidad no se negocia"

En ese caso, el Ejecutivo recurriría la medida al Tribunal Constitucional porque, ha insistido, "no negociamos nada que sea ilegal" y si algo no es aceptable no dudará en acudir al TC. "La legalidad no se negocia", ha subrayado. Unos términos parecidos a los usados el martes por Pedro Sánchez.

De entrada, Carmen Calvo, que es catedrática de Derecho Constitucional, ha anticipado que el decreto catalán contiene preceptos "difíciles de entender" y ha admitido que su equipo de Vicepresidencia también ha estudiado su contenido.

En concreto, ha mencionado el modo como establece que pueden llegar los avales hasta que haya sentencia firme y que no lo será hasta que no haya sentencia de instancias "extraterritoriales" cuando la vía judicial en España "se cierra aquí", ha recalcado.

Ha dicho además que el Ejecutivo siempre cuenta con el apoyo de la Abogacía del Estado y que al margen que cada ministerio se ocupe de su ámbito es un órgano colegiado "de verdad" en el que los ministros acuden en ayuda de los otros cuando es necesario.