Amnistía
Bolaños reitera que está convencido que "el propósito y la letra de la ley tiene una claridad meridiana".
El Gobierno confirma y ratifica las discrepancias con el Tribunal Supremo (TS) sobre la aplicación de la ley de amnistía. Primero fue el ministro de Transportes, Óscar Puente, que criticó que el Alto Tribunal no amnistíe el delito de malversación del que está acusado Carles Puigdemont por el 'procés'. Ahora, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, asegura que existe una discrepancia "compartida" de "todas las partes que están personadas en ese procedimiento, excepto Vox". Bolaños invita a "esperar" al pronunciamiento de la Sala de Apelaciones del TS.
"Creo que la posición del Gobierno en relación con la resolución de la inaplicación de la amnistía es conocida. Ya en su día mostramos nuestra discrepancia con argumentos jurídicos", explica el ministro Bolaños este martes en declaraciones a los medios en Níjar (Almería). "Somos un Estado de Derecho y contra las resoluciones contra las que uno discrepa, lo que cabe son presentar recursos", comenta Bolaños.
Bolaños hace partícipes de esas diferencias con el Supremo a la Abogacía del Estado y la Fiscalía. Insiste en aguardar que la "Sala de Apelaciones del Tribunal Supremo se pronuncie y acoja los argumentos jurídicos muy potentes para la aplicación de una ley que es tan clara como la ley de amnistía. Vuelve a reiterar que está convencido que "el propósito y la letra de la ley tiene una claridad meridiana".
El lunes, el ministro de Transportes Óscar Puente cargó contra la decisión del TS de no amnistiar la malversación. "No hay por dónde agarrar la acusación de que ha habido malversación porque los independentistas se ahorraron de su peculio el dinero que les hubiera costado la campaña de la independencia o el referéndum ilegal", alegó Puente sin mencionar al Alto Tribunal o al magistrado que dirige la causa, Pablo Llarena.
Pidió que los jueces interpreten las leyes "con arreglo, sobre todo a su tenor literal", en referencia a la ley de amnistía. "Nosotros lo que hicimos es promulgar una ley que tiene un tenor literal muy claro y lo que no pueden hacer los tribunales es extralimitarse a la hora de interpretarla", avisa.
Pablo Llarena ya dispone del informe del Ministerio del Interior sobre el operativo para detener a Carles Puigdemont en su vuelta a Barcelona. El ministerio que dirige Fernando Grande-Marlaska ha señalado al instructor del procés que sólo activó "los recursos operativos y de inteligencia extraordinarios" de Policía Nacional y Guardia Civil cuando se supo que el expresidente de la Generalitat había vuelto a darse a fugarse.
En este documento, Interior matiza que sus agentes no detectaron "en ningún momento" a Puigdemont en los puestos fronterizos con Francia o en las entradas al territorio español a través de puertos y aeropuertos, según informa Interior en un comunicado.
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