Bolaños
Álvaro García Ortiz fue citado por el Tribunal Supremo a este último a declarar como investigado en la causa por presunta revelación de secretos.
El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha confirmado este miércoles el "apoyo y respaldo" del Ejecutivo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, después de que el Tribunal Supremo haya citado a este último a declarar como investigado en la causa por presunta revelación de secretos. Bolaños se mostró sorprendido por la motivación expresada en el auto del juez Ángel Hurtado, que ha llamado a testificar tanto al fiscal general como a la fiscal provincial de Madrid y al teniente fiscal de la Secretaría Técnica.
En declaraciones a los periodistas antes de la inauguración del curso de la 63ª promoción de acceso a la carrera fiscal, el responsable de Justicia afirmó haber leído "con sorpresa" que el juez instructor hiciera "afirmaciones" para las cuales, insistió, "no existe ninguna base probatoria" ni evidencia sólida. "España es un Estado de derecho con todas las garantías, y nadie puede ser condenado sin pruebas", puntualizó Bolaños.
El ministro se declaró convencido de que "la verdad se abrirá paso" y que el Tribunal Supremo dictará una resolución "fundamentada en pruebas" que exculpará a García Ortiz. En línea con esta visión, recalcó que el fiscal general "cumplió su función, persiguió el delito y contó la verdad", insistiendo en que la Fiscalía no hizo sino cumplir con su misión constitucional de esclarecer posibles irregularidades.
La imputación de García Ortiz se enmarca en la causa abierta por el alto tribunal para investigar supuestas revelaciones de secretos vinculadas al conocido como "caso filtraciones". Este proceso ha dado un giro con la nueva providencia del juez Hurtado, quien, tras tomar declaración a diversos testigos, entre ellos Juan Lobato, el jefe de Gabinete de la presidenta madrileña Miguel Ángel Rodríguez y varios periodistas, considera que "existen indicios suficientes" para llamar a declarar al fiscal general.
El propio Gobierno defiende que la actuación de la Fiscalía se dirigió a desmentir las afirmaciones de Rodríguez, quien sostiene que hubo maniobras interesadas para impedir un acuerdo con Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. Desde la perspectiva gubernamental, la misión del equipo de García Ortiz fue aclarar si existía delito, sin pretender en ningún momento vulnerar la ley.
Al margen de la citación de García Ortiz, fechada para el 29 de enero, se espera que al día siguiente comparezca María Pilar Rodríguez, fiscal provincial de Madrid. Además, el juez ha incorporado como tercer imputado a Diego Villafañe, teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía. Hurtado cree que la declaración de varios testigos y un registro efectuado en la sede central del Ministerio Público refuerzan la hipótesis de delitos vinculados a la divulgación de secretos y a un supuesto propósito de encubrir información comprometida.
Con todo, el Ejecutivo y el propio ministro Bolaños permanecen convencidos de que "no hay evidencia" que sustente la atribución penal a la cúpula fiscal. A juicio de Moncloa, el único desenlace coherente sería la interrupción de una causa que, según insisten, carece de base real para prosperar.
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