LA DENUNCIA, DE MANOS LIMPIAS, AFIRMA QUE UGT SE FINANCIÓ IRREGULARMENTE
La Audiencia Nacional ha preguntado a la Fiscalía, por medio de su juez Santiago Pedraz, si debe investigar una denuncia presentada por Manos Limpios contra la presunta financiación irregular de UGT. Esta se basa en que el sindicato se financió a través de fondos destinados a la formación.
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha preguntado a la Fiscalía si debe admitir a trámite una denuncia presentada por el sindicato Manos Limpias contra el secretario general de UGT Cándido Méndez y su tesorero Antonio Retamino por la presunta financiación del sindicato a través de fondos destinados a la formación, han informado fuentes jurídicas.
El magistrado ha abierto diligencias previas destinadas a recabar el criterio del Ministerio Público sobre la procedencia de investigar los hechos denunciados que se centran en la recepción por parte del Instituto para la Formación y Estudios Sociales (IFES) del sindicato de más de 48 millones de euros en el año 2012.
En un auto hecho público este lunes, Pedraz asegura que los hechos "presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal". Concreta que "no están establecidas "la naturaleza y las circunstancias de los hechos" por lo que da cuenta a la Fiscalía para que le informe "de las diligencias a practicar".
Entramado "opaco" entre UGT o IFES
En su denuncia Manos Limpias defiende la existencia e un "entramado societario opaco" entre UGT, IFES y dos filiales de este instituto. Asegura que el sindicato, propietario al cien por cien de IFES, "se queda con un 15 por ciento de las subvenciones de cursos" y "disfraza como coste asociado unas comisiones que ascendieron el pasado año a nueve millones de euros".
Manos Limpias acusa a Méndez y el tesorero de UGT de la comisión de delitos de falsedad en documento mercantil, estafa, malversación de caudales públicos, delito contra la Hacienda Pública y apropiación indebida.
El entramado de empresas tiene representación en las provincias de Euskadi, Galicia, Baleares, Andalucía, Cantabria, Castilla y León, Castilla La Mancha, La Rioja, Valencia, Navarra y Murcia, concreta la denuncia.
Después de tres horas de interrogatorio, el juez ha puesto por escrito que "la declaración del investigado no ha logrado desvirtuar los indicios racionales de criminalidad expuestos en el auto de imputación".
La normativa aprobada durante su mandato limitaba la aceptación de regalos por parte de altos cargos y obligaba a incorporar al patrimonio público aquellos de especial valor.