La Audiencia Nacional retira la suspensión cautelar de las exhumaciones en Cuelgamuros

La Audiencia Nacional ha retirado la suspensión cautelar de las exhumaciones que se están produciendo en el Valle de Cuelgamuros, antes Valle de los Caídos, y que están dirigidas por Patrimonio Nacional. La decisión llega después de que la Abogacía del Estado alegara que la abuela de la mujer que había pedido detener las labores para proteger la libertad religiosa no fue inhumada en la capilla en la que se centran las tareas a día de hoy.

Así lo ha decidido el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 11, dando la razón a la Abogacía del Estado, que actuaba en representación de Patrimonio Nacional. "Las exhumaciones se están realizando en un lugar diferente de aquél donde reposan los restos que se intentan proteger, por lo que no existiría en principio una urgencia cautelar tan inmediata", ha concluido.

El juez da la razón a la Abogacía del Estado

Por otro lado, el magistrado Francisco Javier González Gragera señala que de las alegaciones presentadas por la Abogacía "se deduce, prima facie, que la actuación material administrativa no afecta materialmente a los derechos" ni ahora ni en un futuro, al menos "en los términos indicados".

De la misma manera, indica el auto, se ha aportado información de que ya se produjo sobre este asunto una conversación escrita de la mujer recurrente con Patrimonio Nacional, donde esta entidad contestó a su petición de detención de las exhumaciones con un escrito de la gerente del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional.

"El contenido del escrito pone de manifiesto que la actuación de exhumación no puede considerarse efectuada en vía de hecho, sino que existe un conjunto de actuaciones judiciales y administrativas previos, que constituyen su soporte", apunta el juez.

De esta forma, concluye que "si las actuaciones administrativas combatidas no afectan materialmente a los derechos invocados y además no se realizan en vía de hecho, debe levantarse la medida cautelar cuya base jurídica se fundaba exclusivamente en esta premisa que se ha revelado infundada".

Por su parte, la Fundación de Abogados Cristianos ya ha confirmado que ha recurrido a la presente decisión judicial. "Esto es otro ataque del Gobierno de Pedro Sánchez al Valle de los Caídos. Lo único que busca con estos trabajos es dañar la Basílica. No descansaremos hasta que se respete nuestra libertad religiosa y la Cruz más grande del mundo", señalaban.