TRAS LA ENCARCELACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL GOVERN CESADO
La Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional ha pedido respeto por la labor de la juez de este tribunal Carmen Lamela, que tramita la causa por rebelión contra el Govern catalán cesado, y en general por la "independencia judicial". "Quien cuestiona insistentemente la independencia de nuestros jueces y magistrados quiere erosionar la credibilidad de nuestra Constitución y del Estado de Derecho", advierte en su acuerdo la Sala de Gobierno, compuesta por siete magistrados de distintas jurisdicciones de la Audiencia Nacional.
La Sala de Gobierno suscribe de este modo la declaración institucional que realizó el pasado 19 de octubre la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ante las críticas que recibió Lamela cuando envió a prisión a los líderes independentistas Jordi Sánchez y Jordi Cuixart.
En su reunión de este martes la Sala de Gobierno ha querido poner de manifiesto, al hilo de esa declaración del CGPJ, que "ante la grave situación en que se está desarrollando el ejercicio de la función jurisdiccional" es exigible "el máximo respeto a la independencia judicial de conformidad con la normativa internacional y la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos".
Esa normativa internacional, recuerda la Audiencia, "proclama la necesidad de la promoción de la confianza colectiva en la Justicia, objetivo constitucional de primer orden y fundamento de nuestra convivencia en paz y libertad".
Cuando Lamela mandó a la cárcel a Sánchez y Cuixart, desde sectores independentistas fundamentalmente se les calificó de "presos políticos", críticas que aumentaron cuando el pasado 2 de noviembre acordó el ingreso en prisión incondicional del exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y otros siete exconsellers.
Al día siguiente de dictar esta resolución, la asociación Juezas y Jueces para la Democracia (JdP) cuestionaba la interpretación "extensiva" del derecho penal de la juez Lamela. "La prisión provisional, de acuerdo con la jurisprudencia reiterada del Tribunal Constitucional, tiene carácter excepcional y la regla general debe ser la de que las personas investigadas estén en libertad salvo que se justifique un fin constitucionalmente legítimo, como el riesgo de fuga, de reiteración delictiva y destrucción objetiva de pruebas durante la fase de instrucción", expuso la asociación