Tsunami Democràtic
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional declara la invalidez de las diligencias que el juez García Castellón acordó en la causa de 'Tsunami Democràtic' después del 29 de julio de 2021. En aquel momento, dictó un auto de prórroga de seis meses de la investigación, lo que afectaría a las imputaciones por terrorismo acordadas en 2023 del expresidente catalán Carles Puigdemont y de la secretaria general de ERC, Marta Rovira.
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha estimado el recurso de la investigada Marta Molina en la causa de Tsunami Democràtic y ha optado por declarar la invalidez de todas las diligencias que el juez instructor acordó con posterioridad a la fecha de 29 de julio de 2021. En aquel momento, dictó un auto de prórroga de seis meses de la investigación cuando el plazo había vencido un día antes.
El Tribunal da la razón en un auto a la recurrente, al considerar que la prórroga fue extemporánea, a la vez que ordena al juez Manuel García Castellón dictar la resolución establecida en el artículo 779 de la Ley de enjuiciamiento Criminal. Según este artículo, el instructor tiene que decidir si continúa con la causa o dicta el sobreseimiento. Para ello, se tendrá que basar exclusivamente en las diligencias acordadas antes del 29 de julio de 2021.
En aquella época, el titular del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional todavía no había dirigido la investigación de esta causa por terrorismo contra el expresidente catalán Carles Puigedmont. Fuentes jurídicas que ha consultado EFE opinan que esta decisión de la Sala puede desembocar en la nulidad de la investigación que Puigdemont tiene abierta por Tsunami Democràtic en el Tribunal Supremo junto al diputado de ERC, Rubén Wagensberg.
Contra la dirigente de ERC, Marta Rovira, también investigada por Tsunami en la Audiencia Nacional, García Castellón emitió el 3 de diciembre de 2019 la primera comisión rogatoria a Suiza para intentar localizarla, pero le fue rechazada. No fue hasta este año cuando la citó a declarar como investigada.
De esta forma, queda en manos de García Castellón decidir si con los datos que tenía en julio de 2019, momento en el que todavía no contaba con la documentación solicitada a diversos organismos ni se habían personado los policías heridos en las protestas contra la sentencia del procés en octubre de 2019, existe la posibilidad de continuar con la causa o solo cabe decretar el archivo.
Lo que ha hecho la Sala de lo Penal, compuesta por Alfonso Guevara, Carlos Fraile (ponente) y Ana María Rubio, es dar la razón a la secretaria de Movimientos Sociales de ERC, Marta Molina, la única de los 12 imputados que ha declarado ante el juez, cuando indicó que la prórroga que dispone el auto de 30 de julio de 2021 del juez instructor es "extemporánea", al haber vencido un día antes el plazo.
Lo que consideraba el juzgado es que el plazo de instrucción no llegó a expirar por el auto de 30 de julio de 2021 en el que acordó la prórroga y que le "dio continuidad sin que se produjese interrupción alguna". Para la Sala de lo Penal, el razonamiento del instructor es contradictorio, puesto que aunque los hechos, "la expiración y su prórroga sean cercanos –están separados por menos de 24 horas- es palmario que lo primero se había producido cuando se acordó lo segundo".
Por todo esto, el Tribunal concluye que la proximidad temporal de expiración de plazo y prórroga no precisa continuidad en la instrucción, sino lo contrario: la solución de esa continuidad.
En el caso de otro de los recurrentes, el investigado Josep Lluis Alay, la Sala rechaza su recurso. Este pedía el sobreseimiento como consecuencia de la expiración del plazo de instrucción. Lo que consideran los magistrados es que Alay constaba en esta causa como investigado antes del 29 de julio de 2021, día en que finalizó la fase de instrucción.
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