Política
La Guardia Civil concluyó la semana pasada que Rovira, secretaria general de ERC, "realizó cometidos de coordinación" del movimiento Tsunami Democràtic. Puigdemont, citado como imputado en plena negociación para la investidura de Sánchez.
El juez de la Audiencia Nacional imputa a Marta Rovira, secretaria general de ERC, y al expresidente catalán Carles Puigdemont en la causa por terrorismo de 'Tsunami Democratic'. El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 adopta esta decisión después de que la Guardia Civil le entregara un informe en el que coloca a Rovira en el centro del movimiento 'Tsunami Democratic'.
El informe de la Guardia Civil sostiene que Marta Rovira es "con mucha probabilidad" la usuaria de la aplicación de mensajería cifrada 'Threema' que actuaba bajo el seudónimo de 'Matagalls' y que tenía "un conocimiento previo de, al menos, ciertas acciones de la plataforma", recoge 'Europa Press'.
El juez asegura que existen "elementos suficientes para considerar que los hechos podrían encajar en el delito de terrorismo".
Según relata el auto al que ha tenido acceso Antena 3 Noticias, las investigaciones llevadas a cabo inciden en que 'Tsunami Democratic" fue una "organización estructurada, jerarquizada (...) dirigida por varias personas" que tenían personas a su cargo y que tenían como "finalidad esencial subvertir el orden constitucional, desestabilizar económica y políticamente el Estado, y alterar gravemente el orden público mediante la movilización social masiva".
Además, el informe también detalla el papel en 'Tsunami Democratic' del empresario Oriol Soler, del exconseller de ERC Xavier Vendrell, del diputado de ERC Rubén Wagensberg, del consejero de Omnium Cultural Oleger Serra y de otros posibles implicados, Marta Molina, Josep Campmajo, Jesús Rodríguez Selles, Jaume Cabani y Josep Lluis Alay, jefe de Gabinete de Puigdemont. Según las citadas fuentes, también han sido imputados.
Carles Puigdemont se encuentra en plenas negociaciones con el PSOE para la investidura de Pedro Sánchez. El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 ofrece a Puigdemont la posibilidad de comparecer voluntariamente "mientras no se libre el correspondiente suplicatorio", ya que goza de inmunidad por ser miembro del Parlamento Europeo "y no podrá investigarle formalmente hasta que la Eurocámara se lo permita".
"Igualmente resulta necesaria la citación de Carles Puigdemont. Su citación, en este momento no podría realizarse en otra condición que no sea la de investigado, asistido de letrado ofreciéndole la oportunidad de defenderse (...) Ahora bien, resulta notoria su condición de diputado en el Parlamento Europeo, por lo que tendría la condición de aforado, por lo que, con carácter previo a cursar el correspondiente suplicatorio, debe ofrecerse al Sr. Puigdemont la posibilidad de comparecer voluntariamente ante este Tribunal conforme el art. 118bis de la LECrim", recoge el auto consultado por Antena 3 Noticias.
El juez que investiga el caso afirma que según los informes facilitados por la Guardia Civil, Puigdemont "podría haber participado en la aparición" de Tsunami, "extremos que deberán esclarecerse en la investigación". "Resulta llamativo constatar cómo se hace referencia a que Omnium informará directamente al presidente Puigdemont", constata el juez.
"¡A por ellos! Para no perder la costumbre. Es el golpe de Estado permanente lo que les encanta revivir, ya sea con sables o con togas. Mientras no cierren la puerta que abrió el rey con el discurso del 3 de octubre, siempre olerá a cloaca.", ha escrito Puigdemont en 'X' en relación a la noticia de su imputación.
Manuel García Castellón, el juez de la Audiencia Nacional, piensa que el expresidente catalán Carles Puigdemont presentó "un rol de liderazgo" en Tsunami Democràtic, que organizó protestas después de la sentencia del procés. Además, le ubica en reuniones donde se pudo haber planificado su actuación.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional recurrirá el auto de García Castellón contra el expresidente catalán, la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y otra decena de investigados.
Fuentes fiscales han comunicado a EFE la decisión adoptada, que se apoya en la convicción de que las actuaciones del movimiento no se ubican exactamente en el delito de terrorismo y en que, al haber desaparecido el de sedición debido a la reforma del Código Penal, la causa solo puede seguirse por desórdenes públicos y en los juzgados de Barcelona.
Antes de que el juez dictara este auto, la Fiscalía de la Audiencia ya preparaba un informe para que se juzgara la causa en Barcelona por desórdenes públicos, según las informaciones policiales que constan en el procedimiento.