RESOLUCIÓN SOBRE LOS RECURSOS EN SEGUNDA INSTANCIA
El tribunal también ha ratificado los procesamientos del ex secretario general de Interior de la Generalitat César Puig, y del exdirector de los Mossos Pere Soler, ambos por organización criminal y un único delito de sedición por el 1 de octubre, así como el de la intendente Teresa Laplana, en su caso, por sedición por los hechos del 20 y 21 de septiembre.
En el auto de procesamiento, dictado el 4 de abril, la juez Lamela imputa a Trapero, Puig y Soler un delito de organización criminal y otro de sedición por la "total inactividad" de los Mossos el 1-O, que en el caso de Trapero se amplía a dos delitos de sedición, por atribuirle también la responsabilidad en el asedio a la Conselleria de Economía el pasado 20 de septiembre.
Por su parte, la intendente Laplana está procesada por un único delito de sedición por su responsabilidad en el citado asedio.
La juez Lamela, instructora del caso, ya desestimó el pasado 23 de abril los recursos de reforma que los cuatro presentaron ante su juzgado al sostener que hay "indicios racionales de criminalidad" basados en "hechos objetivos" y no en "meras conjeturas o pareceres de los investigadores".
Lamela considera que Trapero, Soler y Puig integraban una organización jerarquizada "bajo una dirección común en cuya cúspide se encontraba el president de la Generalitat de Cataluña" Carles Puigdemont, que tenía como objetivo la celebración del 1-O y la declaración de independencia del 27 de octubre.
Según su tesis, los Mossos se mantuvieron al margen de las actuaciones policiales que pretendían impedir "el plan estratégico hacia la independencia" y siguieron de este modo una pauta anunciada previa y públicamente por los responsables políticos, el exconseller de Interior Joaquim Forn (en prisión preventiva), Soler y Puig