Pedro Sánchez
La invasión al móvil del presidente del Gobierno se produjo en al menos cinco ocasiones entre octubre de 2020 y diciembre de 2021.
El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha archivado la causa en la que investigaba el espionaje a Pedro Sánchez y a varios de sus ministros con el software Pegasus. La razón ha sido la "absoluta" falta de cooperación jurídica de Israel, que todavía no ha contestado a la comisión rogatoria enviada por el tribunal. Durante la investigación, el instructor ha detectado hasta cinco intrusiones en el móvil de Sánchez.
El titular del Juzgado Central de Instrucción 4 ha repasado todas las diligencias practicadas a lo largo de la causa en el auto de sobreseimiento provisional y afirma que el delito de descubrimiento y revelación de secretos cometido ha "puesto en jaque la propia seguridad del Estado".
"Lamentablemente, en este momento procesal, transcurrido más de un año desde la emisión de la citada comisión rogatoria no se ha recibido respuesta alguna, pese a haber sido objeto de ampliación por una vez, y reiterado el cumplimiento en otro par de ocasiones. Este silencio evidencia claramente una absoluta falta de cooperación jurídica por parte del Gobierno de Israel. Lo que permite presumir que la comisión rogatoria en cuestión, cuatro veces remitida, no va a ser cumplimentada nunca", critica el magistrado.
El juez deja claro que "la frustración de la investigación derivada del no cumplimiento de las comisiones rogatorias dirigidas a las autoridades de Israel impide investigar sobre la atribución de la autoría a persona concreta alguna", abocando "de forma indefectible a acordar el sobreseimiento provisional de las actuaciones por falta de autor o autores conocidos".
El juez explica que, de acuerdo con los indicios recabados a lo largo de la investigación iniciada en abril del pasado año, la invasión al móvil del presidente del Gobierno se produjo en al menos cinco ocasiones, entre octubre de 2020 y diciembre de 2021.
La primero de de esas intrusiones se produjo entre el 19 y el 21 de mayo de 2021 y la cantidad de información "exfiltrada" entre ambas fechas fue de, al menos, 2.57 GB. Este 'ataque' se produjo en el contexto de la entrada masiva de unos 10.000 inmigrantes en Ceuta entre el 17 y 18 de mayo.
La segunda se detectó el 31 de mayo y la información "exfiltrada" fue de 130 MB. Esta habría tenido lugar cuando el presidente del Gobierno se encontraba con el primer ministro de Polonia, Mateusz Morawiecki, en Alcalá de Henares con motivo de la 'XIII Cumbre Hispano-Polaca'. Ese día, Marruecos publicó un comunicado en el que indicó que la crisis diplomática estaba motivada por la postura del Gobierno respecto al Sáhara, no por la acogida del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali.
Cuando el magistrado abrió la causa, los informes del Centro Criptológico Nacional tan solo advertían de dos ataques al teléfono de Pedro Sánchez y uno al de Margarita Robles. Pero, durante el desarrollo de la investigación, se han descubierto nuevas intrusiones.
El móvil de la ministra de Defensa, Margarita Robles, presenta indicios de haber sido infectado por Pegasus en cuatro ocasiones, entre mayo y octubre de 2021. Mientras que el del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, lo fue solamente en dos ocasiones, el 2 y el 7 de junio del mismo año.
Por otra parte, el móvil del ministro de Agricultura, Luis Planas, parece haber sido objeto de una única infección el 25 de junio de 2021, pero la escasa cantidad de información "exfiltrada" sugiere un intento de infección no exitoso.
El juez Calama sostiene que el análisis efectuado en estos los cuatro dispositivos que fueron atacados, utilizando las herramientas y técnicas disponibles en el Centro Criptológico Nacional y en el Centro Nacional de Inteligencia no ha permitido determinar la autoría de ninguno de estos ataques.
Por esta razón, se dirigió una comisión rogatoria a Israel con una solicitud de información a la empresa propietaria de Pegasus, NSO GROUP, y la petición de declaración como testigo de su director ejecutivo. En este sentido, el magistrado recuerda que ha sido necesario ampliar en una ocasión esa solicitud de cooperación jurídica internacional y que, adicionalmente, se han tenido que emitir dos recordatorios para su respuesta.
"Llegados a este punto, este órgano jurisdiccional poco o nada puede hacer para el cumplimiento de la comisión rogatoria de referencia y, por ende, para que la presente investigación avance. Solo resta una eventual vía diplomática que sea capaz de impulsar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los tratados internacionales, y cuyo ejercicio corresponde al Gobierno, en este caso, además, víctima del delito objeto de investigación", indica.
Para Calama, la situación procesal descrita sitúa el procedimiento en lo que el Tribunal Supremo califica de "impotencia investigadora", que impide conocer la realidad de lo sucedido. En este caso, la situación conlleva que "el proceso permanezca aletargado o en latencia, hasta que la información obtenida a través de un puntual y poco probable cumplimiento de la comisión rogatoria que Israel tiene obstruida o bien nuevas fuentes de prueba, permitan la continuación del procedimiento".