LOS HECHOS SE REMONTAN A 2010
En concreto, los hechos denunciados se remontan al 24 de mayo de 2010, cuando las autoridades fiscales francesas informaron a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) sobre una serie de clientes españoles, entre los que se encontraban los denunciados, de la entidad bancaria HSBC Private Bank Suisse con fondos en determinadas cuentas en el citado banco suizo, y que no habían presentado las autoliquidaciones del IRPF y/o del impuesto sobre el patrimonio de los ejercicios de 2005 a 2009.
El caso de las cuentas ocultas de HSBC se inició en mayo de 2010, cuando la Agencia Tributaria recibió de parte de las autoridades francesas el listado de españoles con cuentas en la filial suiza de la entidad, después del robo de los datos por parte de un empleado del banco británico con información entre los ejercicios fiscales de 2005 y 2009.
Cabe la opción de interponer recurso de reforma
Este auto no es firme y cabe la opción de interponer recurso de reforma ante el propio juzgado número 4 de la Audiencia Nacional en el plazo de tres días o directamente recurso de apelación en el plazo de cinco días.
Además, dada la condición de perjudicado que por los hechos denunciados pudiera tener el Estado, el juez acuerda que se le ofrezca a través de la Abogacía del Estado la posibilidad de personarse en el procedimiento.
En concreto, a requerimiento de la Agencia Tributaria, los denunciados procedieron a la presentación de declaraciones de 2005 a 2009, en la mayor parte complementarias de las previamente presentadas en el plazo voluntario de la declaración.
Además, en sus escritos indicaron que aunque las cuentas bancarias abiertas en HSBC no eran titularidad de Emilio Botín, se había decidido presentar las correspondientes declaraciones complementarias, describiéndose, en segundo lugar, la evolución histórica del patrimonio (que tiene su origen en el patrimonio existente fuera de España, a su fallecimiento en 1993, de Emilio Botín Sanz de Sautuola y López, padre y abuelo de los denunciados).
Ante la prescripción del ejercicio 2010
El pasado 15 de abril, la Administración Tributaria recoge en sus informes que, debido a la ingente documentación presentada por los denunciados, es incapaz de determinar si las regularizaciones realizadas han sido completas y veraces y envía el expediente a la Fiscalía Anticorrupción, que finalmente presentó denuncia en la Audiencia Nacional, "ya que al prescribir el ejercicio de 2005 en la fecha de 30 de junio de 2011, la labor de verificación de las regularizaciones realizadas por el conjunto de contribuyentes, no puede concluir en la de la sede de la Fiscalía Especial y se hace necesaria la interposición de la presente denuncia".
Además, añade que en "el supuesto de que las regularizaciones practicadas por los contribuyentes sean completas y veraces, será de aplicación, en sede de jurisdicción penal, la excusa absolutoria prevista en el artículo 305.4 CP y el archivo de las diligencias incoadas".