Mocloa
Cristina Álvarez, asesora de Moncloa, ha declarado este viernes como testigo.
Este viernes ha declarado como testigo Cristina Álvarez, asesora de Moncloa. El juez Peinado busca esclarecer si habría hecho gestiones en nombre de Begoña Gómez sobre la Cátedra de la Complutense. Es la última cita en una semana frenética de citas judiciales. Álvarez ya se encuentra en los juzgados de Plaza Castilla.
En la comparecencia, Álvarez ha explicado cuáles eran las funciones que llevaba a cabo dentro del Gobierno.
La asesora de Moncloa ha declarado como testigo como testigo ante el juez Juan Carlos Peinado, tan solo dos días después de que la mujer del presidente del Gobierno negase irregularidades en la cátedra que codirigió en la Universidad Complutense de Madrid. La asesora ha asegurado que sus funciones eran asistir a Begoña Gómez en sus asuntos personales como eventos o conferencias, entre otras cosas. Además, ha explicado que una de las cosas que hacía era buscar un entorno seguro, eficiente y discreto a la mujer del Presidente, por lo que revisaba la agenda de Begoña e informaba a el departamento de seguridad, escoltas, desplazamiento e instalaciones donde iba a acudir.
El abogado que ejerce la representación de la acusación popular de Iustitia Europa, Luis María Pardo, se ha preguntado a su llegada a los juzgados si Álvarez saldrá del juzgado de instrucción número 41 de Peinado como imputada.
Durante la declaración, el juez Peinado le ha prevenido después de no contestar sus preguntas y le ha pedido su teléfono. Del mismo modo, Álvarez seguirá con el tratamiento de testigo.
El juez peinado también le ha preguntado por la razón que la llevó a hacer las funciones para la actividad de Begoña Gómez en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), a lo que ha contestado que la realidad es que no hacía nada para dicha universidad, sino que llevaba la agenda de la mujer del presidente y que eso le exigía estar informada también de la agenda privada. Durante la declaración ha afirmado que todo lo que hacía formaba parte de sus funciones: llevar la agenda de Gómez, coordinar su seguridad en cualquier acto...
En cuanto al tema de su contratación, Álvarez ha asegurado de que, cuando el presidente del Gobierno ganó la moción de censura, Begoña Gómez se puso en contacto por teléfono con ella. En esa conversación, fue donde le comentó que necesitaba tener una persona de confianza y asesoramiento para cuando llegó a Moncloa. y que lo que quería era que fuera ella.
El titular del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid cita a Cristina Álvarez como testigo en el marco de la investigación a Begoña Gómez por presuntos delitos como tráfico de influencias o corrupción en los negocios, también dirigidos contra otros tres imputados.
El nombre de la asesora apareció en correos enviados desde Gerencia de la Escuela de Gobierno de la Universidad a un grupo de personas, entre ellas Álvarez, acerca de la licitación del expediente de contratación y el pliego de prescripciones técnicas relacionados con una plataforma de la cátedra que codirigía Begoña Gómez.
Según se decía desde Gerencia, ese pliego "debe firmarlo" Begoña Gómez, tal y como la mujer del presidente del Gobierno reiteró el miércoles ante el juez y su abogado había señalado en un escrito.
En el sumario también obra otro correo enviado por Álvarez, directora de Programas de Presidencia, desde una cuenta personal a la directora de Comunicación de la empresa Reale. "Me dice Begoña que te traslade que le encantaría que sigáis como patronos de la cátedra, aunque sea con una cantidad inferior. Dispuestos a colaborar con vosotros en lo que necesitéis", escribe.
El pasado miércoles, durante su comparecencia ante el juez, Begoña Gómez se desmarcó a preguntas de su abogado de todas las irregularidades que le atribuyen las acusaciones, tanto en su relación profesional con la Universidad, como en su nombramiento como directora del África Center del Instituto de Empresa en 2018.
Gómez aseguró que "nunca se lucró" ni pretendió lucrarse en su vínculo profesional con la Universidad, puesto que la cátedra no tenía retribución y por dos másteres cobró 15.000 euros anuales, a la vez que negó haber intermediado a favor del empresario Juan Carlos Barrabés en ninguna licitación pública.
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