EN EL TRIBUNAL DE CUENTAS
El expresidente catalán Artur Mas ha depositado este jueves otros 144.588 euros de la fianza que le pide el Tribunal de Cuentas por gastar dinero público en la consulta independentista del 9-N, que sumados a depósitos anteriores alcanza ya 2,9 millones de euros, de los 5,2 que se le reclaman en total.
Según han informado fuentes del Tribunal de Cuentas, actualmente se está analizando la documentación recibida con relación a las propiedades de Artur Mas y el resto de encausados para afianzar la cantidad que queda pendiente, plazo que finalizará a principios de la próxima semana.
La semana pasada, Mas aseguró que hasta esa fecha había logrado reunir aproximadamente la mitad de la fianza fijada gracias a "miles y miles de personas" en Cataluña que han contribuido a la "caja de solidaridad". El expresidente de la Generalitat consideró "esperpéntico" que, de la cantidad total, tres millones de euros correspondan a 7.000 ordenadores que actualmente están funcionando en las escuelas catalanas.
Artur Mas da por aportada la fianza de 5,2 millones en efectivo e inmuebles
Artur Mas ha dado así por "íntegramente garantizada" la liquidación de la fianza de 5,2 millones de euros, tras consignar 2,9 millones de euros y varios inmuebles como garantía. Mas y los exconsellers Joana Ortega, Irene Rigau y Francesc Homs y el exsecretario general de Presidencia Jordi Vilajoana presentarán este viernes un escrito al Tribunal de Cuentas acreditando que ya han depositado 2,9 millones de euros y han puesto como garantía varios inmuebles de su propiedad, con los que entienden que cubren la totalidad de la fianza impuesta, han informado fuentes de su entorno.
Según las fuentes, la voluntad de Mas, Ortega, Rigau, Homs y Vilajoana ha sido preservar el patrimonio de los cargos técnicos y de confianza sobre los que también pesaba la fianza. Pese a dar por aportada la fianza de 5,2 millones de fianza, Mas y los exconsellers implicados en el proceso abierto en el Tribunal de Cuentas mantienen su tesis de que en ningún caso se produjo una infracción contable ni perjuicio para la Generalitat con la celebración de la consulta del 9-N. Por este motivo, aseguran que defenderán este criterio en diversos procedimientos e instancias que puedan desarrollar en el futuro.