VIDEOCONFERENCIA EN CASTELLANO
Artur Mas ha testificado por videoconferencia desde la Generalitat en castellano, "para evitar problemas de matiz en la traducción", en la cuarta jornada del juicio seguido por los hechos del 15 de junio de 2011, cuando una concentración convocada por el movimiento 15M ante el Parlament, en Barcelona, derivó en situaciones de asedio a los parlamentarios. Mas ha relatado que cuando se dirigía al Parlament en su coche oficial algunos concentrados bloquearon su paso e intentaron abrir la puerta de su lado del vehículo, al que además golpearon en actitud violenta.
Por ello, ha añadido, tuvieron que girar hacia una Comisaría cercana, a donde llegaron también otros diputados y desde donde los servicios de seguridad habilitaron un helicóptero para trasladarle a él y otros diputados, la primera vez que hubo que usar este medio para ello. Mas ha recordado que pidió a los responsables de seguridad que no hubiera lesionados y que, tanto él como la presidenta del Parlament en primer lugar, así como el resto de diputados, pudieran entrar a tiempo en el Parlament para que quedara claro que la Cámara estaba en funcionamiento, aunque fuera en un día con unas circunstancias anómalas.
El presidente de la Genralitat ha comentado que era importante dar una "imagen de la mayor normalidad posible", ya que los sucesos deterioraban la imagen de Cataluña. Respecto al uso del helicóptero ha dicho que es excepcional en su caso, sobre todo "en estos momentos de austeridad". Mas ha señalado que él está acostumbrado a muchas manifestaciones, que "son habituales e incluso saludables", pero ha añadido que "lo excepcional" ese día "fue el bloqueo del acceso al Parlament de todos los diputados", y ha apostillado: "Eso no lo vi nunca".
En cualquier caso, ha resaltado que para él lo importante era celebrar el pleno parlamentario en el que se iban a tratar cuestiones prioritarias para él como la sesión de control al gobierno y los presupuestos autonómicos. El juicio se celebra contra diecinueve de los veinte procesados en esta causa, ya que uno se encuentra huido y cada uno de ellos se enfrenta a una petición del fiscal de cinco años y seis meses de prisión y una multa de 7.500 euros, así como a diversas penas que solicitan las acusaciones, ejercidas por el sindicato Manos Limpias, la Generalitat y el Parlament.