Gobierno y PP votan en contra y tumban la "prioridad nacional" de Vox en el Congreso

La "prioridad nacional" es también prioridad en el debate político español actual. La propuesta, impulsada por Vox en el Congreso no ha sido respaldada ni siquiera por el Partido Popular, algo que evidencia que no acaban de encaminar sus intereses hacia un punto en común pese a los acuerdos autonómicos.

La iniciativa, presentada en forma de moción, pretendía blindar el concepto en el acceso de ayudas y servicios públicos. Sin embargo, ha sido rechazada por todos los grupos parlamentarios.

Qué es la "prioridad nacional"

El término hace referencia a dar preferencia a los ciudadanos españoles en el acceso a determinadas prestaciones. Desde Vox lo califican como "proteger primero a los españoles" en el acceso a las políticas públicas.

Pero desde el PP, en cambio, introducen un matiz clave: el arraigo. Es decir, tener en cuenta la integración y situación legal de las personas extranjeras antes de limitar su acceso a los servicios públicos. Para los populares, este principio es innegociable e insisten en que cualquier medida debe respetar la Constitución y la legalidad vigente.

El choque evidencia las distancias entre los populares y los de Abascal, que pese a alcanzar acuerdos en Extremadura y Aragón, no terminan de unir lazos. El diputado de Vox, Ignacio Hoces, ha defendido eliminar el criterio de arraigo durante el debate del Congreso, al considerar que dificulta la expulsión de inmigrantes en situación irregular o que cometan delitos: "Es un coladero de entrada y además impide la expulsión del inmigrante delincuente", ha asegurado.

Por su parte, la diputada del PP, Carmen Navarro, ha marcado distancia y ha dejado claro que su partido no se moverá del marco constitucional ni de lo pactado en Extremadura. "El debate de la inmigración requiere de seriedad", ha sentenciado. Fuentes del PP subrayan que no son "un partido sumiso" y que no aceptarán propuestas que puedan vulnerar la ley.

Críticas desde el Gobierno y la izquierda

Desde el Ejecutivo de Pedro Sánchez, la respuesta ha sido contundente. La ministra Elma Sáiz ha criticado duramente el concepto, al considerar que puede vulnerar principios básicos como la igualdad y la no discriminación. Desde los pasillos del Congreso, Sáiz ha hecho un llamamiento para "analizar la preocupante deriva del PP en esta cámara, nos avergüenza".

Otros grupos parlamentarios han ido más allá, calificando la propuesta de "racista" o "xenófoba", y advirtiendo de posibles recursos legales si se intenta aplicar en comunidades autónomas.

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