OBLIGA A EXPLICAR LAS CUENTAS A LOS PARTIDOS
La Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno ha quedado definitivamente aprobada en el Congreso, con el apoyo del PP, CiU, PNV, Coalición Canaria, UPN y Foro, y el rechazo del PSOE, Izquierda Plural, UPyD y el resto del grupo mixto (ERC, Amaiur, BNG, Compromís y Geroa Bai).
Llamada por los que la respaldan a cambiar las actitudes políticas en España, a prevenir la corrupción y a abrir el camino de la regeneración democrática, la Ley de Transparencia ha tenido una tramitación parlamentaria que se ha prolongado durante más de un año, en la que el PSOE se descolgó del acuerdo y la Izquierda Plural de la negociación en protesta por el caso Bárcenas.
Fruto de esa tramitación, un proyecto inicialmente pensado para las administraciones públicas se ha abierto a instituciones como la Casa del Rey, los partidos políticos, las organizaciones sindicales y la Iglesia Católica, como perceptoras de ayudas públicas.