EN NOVIEMBRE DE 2016
La Fiscalía Anticorrupción pidió en noviembre de 2016 la imputación del expresidente madrileño Alberto Ruiz Gallardón por un presunto desfalco de unos 70 millones de euros en la compra en 2001 de una sociedad por parte del Canal de Isabel II, una operación que estuvo controlada por él o por "su gente". Los fiscales Carmen García y Carlos Yáñez solicitaron al juez del caso Lezo en la Audiencia Nacional que imputara a Gallardón el 29 de noviembre, el mismo día en que, 15 años antes, el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid dio luz verde a la compra de la empresa colombiana Inassa.
Gracias a esta petición los fiscales pararon la prescripción del delito y en ella hacen un relato pormenorizado de los indicios contra Gallardón, cuyo nombre aparece en conversaciones del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González atribuyéndole la operación y poniendo en duda su legalidad. Esta operación la acordó el Consejo de Gobierno presidido por Gallardón por un total de 73 millones de dólares (aproximadamente 83 millones de euros) con un endeudamiento de 51,1 millones de dólares, pero, según los investigadores, el valor de la empresa era mucho menor. Según la Fiscalía, el soporte documental que se usó para su aprobación "fue cuando menos insuficiente" y todo apunta a que la "operación fue controlada por Alberto Ruiz Gallardón o 'por su gente'".
Esas acusaciones se basan en parte en una conversación pinchada en noviembre de 2016 al expresidente madrileño Ignacio González con el exministro Eduardo Zaplana y con el abogado Fernando Belhot, en la que González afirma que Inassa "no valía ni 30 millones de dólares". "Alberto hizo una operación, que no sé si estaba Alberto, pero desde luego su gente sí, que fue a comprar el grupo en América. Compraron una sociedad, que no valía ni 30 millones de dólares, por 100. Con una autorización del Consejo de Gobierno para comprar una sociedad colombiana y compraron una sociedad en Panamá. Con un diferencial fiscal de 20 millones. Con un crédito del Banco Mundial, que a su vez avalaba el Canal de Isabel II", dice González en la conversación. Para la Fiscalía, esto demuestra "la connivencia que tenía con los responsables públicos que adoptaron la decisión de la adquisición" y apunta a que esos acuerdos podrían haber reportado al propio González beneficios económicos o políticos".
En otro momento, González afirma: "No soy como esta gilipollas que me ha sustituido. Yo dije, yo me encontré a alguien muerto y dije tenemos dos (opciones): o reventamos esto y es un escandalazo o tratamos de arreglarlo. Tratamos de arreglarlo, pero yo tengo todavía un dictamen así, de Cuatrecasas, sobre toda la operación, que no te puedes imaginar...". De estas palabras los fiscales concluyen que el precio pagado por la adquisición de Inassa fue muy superior al valor de la sociedad, "el alto grado de conocimiento que el mismo (González) tuvo de la operación y lo fraudulento de la misma" y también que González ocultó el fraude "en beneficio de la organización".
Gallardón, por su parte, "tuvo el control de la adquisición fraudulenta y de algún modo, estableció un pacto de silencio y cooperación con Ignacio González", por lo que la Fiscalía pidió su imputación y también la de los miembros del Consejo de Gobierno que aprobaron la compra, entre otras personas. La adquisición de la empresa colombiana se hizo a través de una sociedad interpuesta de Panamá (Sociedad de Aguas de América) que tuvo una vida corta porque solo sirvió para comprar las acciones de Inassa y venderlas luego al Canal, lo que generó "una importante plusvalía".
Hubo además una doble venta, porque la sociedad Agbar vendió en el año 2000 sus acciones de Inassa a Aguas de América, lo que "pudo generar a los denunciados en un espacio temporal inferior al año una ilícita plusvalía a costa del erario de la Comunidad de Madrid, de 66 millones de euros", sostiene la Fiscalía.
La petición de imputación que hizo la Fiscalía en noviembre de 2016 no fue atendida en ese momento porque el entonces juez de refuerzo de Eloy Velasco, Alejandro Abascal, consideró que la investigación debía llevarse aparte al no guardar relación con la trama montada por González cuando, años más tarde, llegó al Canal. La Fiscalía recurrió esta decisión de Abascal y la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional le dio la razón a los fiscales en enero de 2017 y ordenó que la compra de Inassa se llevara en el caso Lezo. Cuando, tres meses más tarde, estalló la operación Lezo con la detención de Ignacio González y otros, la investigación a Inassa enfrentó al entonces fiscal jefe de Anticorrupción, Manuel Moix, con los fiscales del caso, ya que Moix se negó a que se realizara un registro en Inassa alegando que se debía llevar en un asunto aparte.