Fiscalía
La Fiscalía solicita que la presidenta del PSOE declare como testigo tras aparecer en conversaciones intervenidas por la UCO durante la investigación.
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez Santiago Pedraz que cite como testigo a la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, después de que los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) localizaran conversaciones que apuntan a que tuvo conocimiento de algunas de las actuaciones que ahora se investigan.
La petición forma parte de un escrito en el que el Ministerio Público reclama nuevas diligencias y la comparecencia de cerca de una veintena de personas vinculadas a la causa.
El interés de la Fiscalía se centra en una conversación mantenida el 24 de abril de 2024, coincidiendo con la publicación de la conocida Carta a la Ciudadanía difundida por Pedro Sánchez. Según los investigadores, en ese intercambio Narbona trasladó a Leire Díez que la información que le estaba comunicando ya "se lo había contado a Santos (Cerdán) el otro día".
La presidenta del PSOE reconoció recientemente que Díez se puso en contacto con ella para ofrecerle información. Sin embargo, defendió que se limitó a trasladar el asunto a Santos Cerdán, entonces secretario de Organización del partido.
Narbona también aseguró que nunca recibió documentación, archivos o material relacionado con las actuaciones atribuidas a la exmilitante socialista.
Ahora será el juez quien decida si acepta la petición de Anticorrupción y acuerda su declaración en calidad de testigo.
La Fiscalía también plantea la declaración de varios empresarios que, según las pesquisas, habrían recibido ofrecimientos o promesas de distinto tipo para modificar versiones o aportar información favorable al PSOE y al Gobierno.
Entre las personas cuya comparecencia solicita el Ministerio Público figuran Carmen Pano y Álvaro Gallego, vinculados a las investigaciones sobre supuestas entregas de dinero en efectivo en la sede socialista de Ferraz.
Además, Anticorrupción considera que existen indicios suficientes para citar como investigada a Leticia de la Hoz, abogada de Koldo García.
El escrito incorpora también la petición de declaraciones de empresarios, abogados, trabajadores de medios de comunicación y agentes de la Guardia Civil relacionados de una u otra forma con las líneas de investigación abiertas.
Entre ellos aparecen el empresario Joaquín Parra, vinculado al sector de los hidrocarburos; Claudio Rivas, exsocio de Víctor de Aldama; varios agentes de la UCO y personas que han mantenido relación con algunos de los protagonistas de la causa.
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