Nadia Calviño
Anticorrupción quiere saber dónde se encuentran los expedientes de las ayudas estatales recibidas por una empresa vinculada al marido de la vicepresidenta.
Este jueves la Guardia Civil se ha personado en la sede del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, para preguntar dónde están los expedientes de las ayudas públicas recibidas por una empresa en la que trabaja el marido de la ministra Nadia Calviño.
Anticorrupción quiere recabar información sobre las ayudas estatales que fueron concedidas a la empresa BeeDigital (anteriormente Páginas Amarillas Soluciones Digitales SA), vinculada a Ignacio Manrique de Lara, marido de la vicepresidenta. No obstante, señala que se trata de un trámite habitual en estos casos.
Ayuso denunció contratos de emergencia
A finales de abril, el Ministerio Público acordó iniciar una investigación sobre la adjudicación de dichas ayudas a raíz de una denuncia que presentó el Partido Popular de Madrid por orden de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso. En aquel momento, Anticorrupción declaró que "las resoluciones de nuestro Tribunal Supremo refuerzan la pertinencia de acordar la incoación de diligencias de investigación para esclarecer si los contratos de adquisición de material sanitario denunciados, por fallidos o fraudulentos, se ajustaron a las exigencias y garantías impuestas por la contratación administrativa".
Entre los contratos que la Fiscalía está analizando también se incluye uno por valor 64.959,82 euros a Playbol S. A., "vinculada a los padres del presidente del Gobierno". Las ayudas estatales fueron otorgadas en plena pandemia del coronavirus.
Unas adjudicaciones que según el PP madrileño respondían a una "posible existencia de delitos de prevaricación, tráfico de influencias y malversación" por ser "contratos Covid del Gobierno de Sánchez con al menos 7 empresas por un total de 326 millones de euros". En este contexto, y siempre según el PP, en el caso de la empresa vinculada al marido de Calviño la adjudicación "se realizó cuando la empresa tenía deudas con el Estado por valor de 1,6 millones".