PAGOS DE 1.800 EUROS
El Consejo de Gobierno andaluz a aprobado un decreto que posibilita que las mujeres andaluzas que padecieron formas de represión sobre el honor, la intimidad y la propia imagen durante la Guerra Civil y los primeros años de la dictadura franquista reciban una indemnización de 1.800 euros, como modo de reparación moral y reconocimiento a su papel en la construcción de la actual sociedad democrática.
La indemnización acordada, que se suma a las que desde 2001 viene concediendo el Gobierno andaluz a las víctimas de encarcelamientos y confinamientos en campos de concentración, hace referencia a hechos que no supusieron privación de libertad pero sí acciones vejatorias dirigidas especialmente contra la población femenina, como el rapado, la ingesta de aceite de ricino y la exposición al escarnio público.
El periodo considerado abarca los años de mayor incidencia de este tipo de represión, entre 1936 y 1950, según ha explicado el consejero de Gobernación y Justicia, Luis Pizarro, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, donde ha aclarado que en este momento no se tiene una estimación de las mujeres que podrían acceder a la indemnización.
En este sentido, ante la inexistencia de documentos que acrediten lo ocurrido en la mayoría de estos casos, las mujeres represaliadas podrán presentar cualquier prueba admitida en Derecho, incluidos testimonios de terceros y declaraciones juradas.
Las afectadas contarán con un plazo de tres meses a partir de la publicación del decreto en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) para presentar la solicitud y con las pruebas que consideren necesarias. Podrán hacerlo a través de los registros públicos de la Consejería de Gobernación y Justicia y de las delegaciones del Gobierno de la Junta, así como de forma telemática en el portal www.juntadeandalucia.es. Una vez recibida la solicitud, la administración deberá resolver y notificar en un plazo máximo de tres meses.
La cuantía de 1.800 euros, que se percibirá en pago único, es similar a la establecida para las personas que sufrieron penas de prisión de entre tres meses y tres años.
Luis Pizarro ha querido dejar claro que, sin duda, se trata de una cantidad simbólica, por cuanto detrás del decreto no hay una cuestión económica, sino de reparación "moral" ante el daño y el escarnio que sufrieron estas mujeres, sometidas a humillaciones y a un trato vejatorio. Ha agregado que eso es muy difícil de reparar, pero que la Junta ha querido aportar su granito de arena y que esas mujeres no caigan en el olvido.
Las indemnizaciones autonómicas a las víctimas de la represión en la dictadura franquista datan de 2001, año en que se aprobó el primer decreto regulador. Este texto fue modificado en 2003 para ampliar las ayudas a todas las personas que estuvieron en centros penitenciarios y campos de concentración por periodos de más de tres meses (inicialmente, sólo incluía los casos de más de tres años que quedaban fuera de las estatales fijadas en 1990).
En 2006, el Gobierno andaluz aprobó una nueva modificación para establecer una indemnización en pago único de 1.800 euros y extender su cobertura a quienes no pudieron acogerse a las convocatorias de 2001 y 2003 por las dificultades para acreditar la documentación exigida en los plazos previstos.
Desde la aprobación del primer decreto en 2001, la Administración autonómica ha indemnizado a 2.480 personas represaliadas con un importe global de 9,5 millones de euros. De ellas, tan sólo 85 son mujeres.