TRAS EL NO DEL PLENO EXTRAORNIDARIO
El Ayuntamiento de Alcázar de San Juan ha adjudicado a la empresa Aqualia la concesión del servicio de abastecimiento de agua del municipio tras haber rechazado la celebración de una consulta popular sobre la privatización del servicio.
Las decisiones se han aprobado en sendos plenos convocados de urgencia en las últimas horas tras el encierro de una veintena de vecinos en el ayuntamiento de la localidad, donde llevan tres días, y las manifestaciones que se han sucedido a las puertas del edificio municipal.
En ambos casos, las decisiones se han adoptado por el voto de calidad del alcalde, Diego Ortega, al registrarse un empate entre los partidarios de la privatización -nueve ediles del PP y uno de Ciudadanos por Alcázar- y los contrarios -los diez concejales socialistas-.
El PSOE ha anunciado que recurrirá la decisión por considerarla nula, ya que la normativa impide que una adjudicación administrativa superior a los cinco años y que suponga más del 20 % del servicio se pueda adoptar por el voto de calidad del regidor municipal, según ha informado a Efe la portavoz del grupo municipal socialista, Rosa Melchor.
Por su parte, el portavoz del grupo municipal popular, Ángel Puente, ha calificado el acuerdo de "histórico" y ha añadido que "la democracia se ha impuesto a la violencia" gracias a "diez concejales valientes".
La concesión del servicio a Aqualia como socio privado de la empresa mixta es por espacio de 25 años, periodo en el que la empresa deberá aportar al Ayuntamiento un total de 20 millones de euros, 9,6 millones inicialmente, ha subrayado Puente. Con ese dinero, según el gobierno municipal, se podrá saldar la deuda de 8 millones de euros que tiene la empresa pública Aguas de Alcázar.
Puente ha recordado que la presidencia de la empresa la ostentará el alcalde y que hay un documento firmado que obliga al mantenimiento de la plantilla, los servicios y las tarifas, aspecto en el que ha incidido Puente. Los vecinos encerrados decidirán en las próximas horas en asamblea si mantienen su protesta o si optan por otros cauces para mostrar su rechazo a la privatización.