ACUSA AL PP DE TENER "UNA DOBLE VARA DE MEDIR"
Los casos de corrupción están generando tensión dentro de los propios partidos. Este es el caso de la localidad malagueña de Alhaurin el Grande, donde el alcalde ha vuelto a su puesto tras ser suspendido un año por pedir comisiones ilegales a un constructor. El Partido Popular ya anticipó que expulsaría a los once concejales que han apoyado la vuelta del alcalde, que acusa al PP de tener una doble vara de medir.
Juan Martín Serón ha vuelto este lunes a la Alcaldía de Alhaurín el Grande (Málaga), tras un año de suspensión por el caso 'Troya', y lo ha hecho por el apoyo que le ha demostrado el pueblo y su equipo de gobierno. Además, ha dicho que el PP les ha "decepcionado" y ha insistido en la "injusticia" que han sufrido.
Martín Serón ha asegurado en rueda de prensa que también ha vuelto "para que no defina el caso 'Troya' cuándo me tengo que ir" ni tampoco "la situación de miedo del PP", que en su opinión tiene "dos varas de medir" y cae en una "contradicción" cuando les ha apoyado desde el principio pero no en su vuelta.
Por esto, ha considerado que la posición del partido ha sido "más de cara a la galería" y ha lamentado que por las circunstancias desencadenadas en España y dentro de la formación 'popular' "al PP se le ha puesto muy cuesta arriba apoyarme". Asimismo, ha calificado de nuevo de "infamia" el caso por el que fue condenado por un delito de cohecho.
Ha indicado que su intención es terminar el mandato, aunque "no descarto irme antes", apuntando que el interés del pueblo es el que definirá el tiempo que estará.
Sí ha vuelto a insistir en que no se va a volver a presentar y ha destacado la capacidad de la que ha sido alcaldesa en funciones, Antonia Ledesma, que junto al resto del equipo de gobierno ha pedido su baja en el PP.
La portavoz nacional del PSOE ha provocado la reacción de los andaluces y de diferentes partidos políticos, especialmente del Partido Popular, que le acusan de faltarle el respeto al pueblo andaluz.
José Luis Ábalos: "Toda esta causa está predeterminada, es un proceso inquisitorial"
Ábalos y Koldo García han ejercido su derecho a una última palabra, antes de que el juicio del 'caso mascarillas' quede visto para sentencia. Víctor de Aldama ha optado por no ejercer su derecho a la última palabra.