EL RETRASO PLANTEARÍA VARIOS PROBLEMAS
El 26 de agosto es la última fecha para la investidura de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno con garantías suficientes para que haya nuevos presupuestos el próximo año. Si ese plazo se apurara una semana más, además de que no habría la certeza de que el Gobierno tuviera tiempo para enviar el proyecto de ley presupuestario al Congreso, habría otros inconvenientes añadidos.
Rajoy aceptó el pasado jueves el encargo del Rey de intentar su investidura, dijo que se daría un plazo "razonable" para las negociaciones y explicó que su objetivo es que haya Gobierno con tiempo suficiente para cumplir los compromisos con la UE y presentar en el Congreso el proyecto de ley de presupuestos de 2017.
En ese sentido, recordó que el Gobierno debe presentar ese proyecto de ley en la Cámara Baja como fecha límite el 30 de septiembre, ya que, de lo contrario, automáticamente se prorrogarían los actuales. Pero sería necesario disponer de en torno a un mes antes de esa fecha para aprobar el techo de gasto, enviarlo al Congreso y al Senado para su votación, y remitirlo igualmente al Consejo de Política Fiscal y Financiera y a la Comisión Nacional de Administración Local.
Por tanto, eso sería posible con seguridad si Rajoy consiguiera los apoyos necesarios para ser investido en una sesión que comenzaría el martes 23 de agosto. El hecho de que la sesión empiece en martes es imprescindible para asegurar que, en caso de que no hubiera un candidato investido, unas hipotéticas terceras elecciones se celebraran en domingo (en este caso serían el 18 de diciembre).
Esto es así porque si un candidato a la investidura no consigue el apoyo en la primera votación y nadie lo logra en los dos meses siguientes, se convocarían automáticamente las elecciones y se celebrarían 54 días después. Es lo que ocurrió con los comicios del 26J.
Si Rajoy acudiera a una sesión que comenzara el 23 de agosto, al día siguiente se celebraría una primera votación en la que es improbable que lograra la necesaria mayoría absoluta, y 48 horas después, es decir, el 26, le bastaría una mayoría simple (más votos a favor que en contra). Por tanto, el presidente en funciones tendría una veintena de días para negociar su investidura con el resto de líderes.
Más dificultades habría para presentar los presupuestos si la investidura se retrasara una semana y la votación definitiva se celebrara el 2 de septiembre (el debate comenzaría el martes 30 de agosto). Se trata de una fecha ante la que fuentes del Gobierno plantean dos problemas.
El primero de ellos es que Rajoy, en funciones o como presidente ya ratificado, debe viajar a la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno del G20 que se celebrará en la ciudad china de Hangzhou los días 4 y 5 de septiembre. La importancia de una cumbre como esta y lo mucho que ha costado a España convertirse en un miembro más de la misma desaconsejan que Rajoy se ausente de la cita de China.
El cambio horario con el país asiático le obligaría a salir de España el 3 de septiembre, y si la votación de investidura fuera el día anterior, en menos de 24 horas el BOE tendría que publicar el nombramiento, Rajoy debería jurar su cargo ante el Rey, tomar posesión, nombrar ministros, que éstos juraran o prometieran también sus cargos y celebrar una primera reunión del nuevo Gobierno en la que se aprobaría el techo de gasto.
Se trata de un escenario que desde Moncloa se antoja muy difícil y que se subraya que no sería la mejor opción. Pero además, una sesión de investidura que comenzara el 30 de agosto tendría el problema añadido de que en caso de que Rajoy no consiguiera su objetivo y nadie lograra los apoyos necesarios en los dos meses siguientes, las nuevas elecciones se tendrían que celebrar el 25 de diciembre, día de Navidad.
De la misma forma, una investidura fallida que comenzara el 6 de septiembre (la madrugada de ese mismo día regresaría Rajoy de China) haría que, si tampoco nadie lo logra durante los dos meses posteriores, los terceros comicios fueran el 1 de enero.
Y retrasar una semana más aún la investidura, con lo que la votación final se iría al 16 de septiembre, además de hacer prácticamente imposible que haya nuevos presupuestos, cuenta con el problema añadido de que ese día Rajoy debe participar en Bratislava en una cumbre de líderes de la UE sin el Reino Unido.
En consecuencia, la fecha más barajada por el Gobierno para la posible votación de investidura es la del 26 de agosto, asumiendo que es bastante más difícil que pudiera ser en los dos viernes anteriores, el 12 o el 19. En cualquier caso, las fuentes citadas recalcan que "está todo absolutamente abierto" y que habrá que esperar a la evolución de las conversaciones de Rajoy con el resto de líderes.
De momento, el presidente en funciones ya se ha citado para la próxima semana en el Congreso con el líder del PSOE, Pedro Sánchez (el martes), y con el de Ciudadanos, Albert Rivera (el miércoles). Lo que se asegura desde el Gobierno es que, a la espera de un acuerdo de investidura, si éste se logra el Ejecutivo tendrá ya mucho trabajo avanzado respecto al techo de gasto y los presupuestos para agilizar su tramitación.