Las acusaciones populares piden 13 años de cárcel para Begoña Gómez y que Sánchez y Bolaños declaren como testigos

Las acusaciones populares personadas en el procedimiento contra Begoña Gómez han solicitado 13 años de prisión para la esposa del presidente del Gobierno y seis años para su asesora, Cristina Álvarez, en el nuevo escrito de acusación presentado tras los cambios introducidos por la Audiencia Provincial de Madrid. También reclaman que Pedro Sánchez y el ministro Félix Bolaños comparezcan como testigos durante el juicio.

El documento, de 74 páginas, ha sido presentado por la acusación popular unificada, liderada por HazteOir, ante el Tribunal de Instancia de Madrid en el procedimiento que se tramita por la Ley del Tribunal del Jurado.

En un primer momento, la acusación popular pedía 24 años de prisión para Gómez y 22 para su asesora, pero el juez que instruye la causa, Juan Carlos Peinado, emplazó a las partes para que presentasen nuevos escritos con sus peticiones de cara al juicio con jurado después de que la Audiencia Provincial de Madrid acordase archivar los presuntos delitos de corrupción en los negocios y apropiación indebida que había imputado a la esposa de Sánchez.

Tráfico de influencias y dos delitos de malversación

La acusación estructura su relato en tres grandes bloques. El primero se refiere a un supuesto delito de tráfico de influencias relacionado con la creación de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid.

Según la tesis acusatoria, Begoña Gómez habría utilizado su condición de esposa del presidente del Gobierno para influir en responsables universitarios y conseguir la creación de la cátedra, su nombramiento como directora y el acceso a recursos y financiación.

El escrito destaca una reunión celebrada en el Palacio de La Moncloa con el entonces rector de la Universidad Complutense como uno de los elementos fundamentales de la supuesta influencia ejercida.

El segundo bloque se centra en el trabajo desarrollado por Cristina Álvarez, empleada eventual de la Presidencia del Gobierno. Las acusaciones sostienen que la asesora habría realizado durante años tareas vinculadas a actividades privadas de Gómez, entre ellas contactos con patrocinadores y empresas, organización de actos y gestiones relacionadas con la cátedra y el desarrollo de una plataforma informática.

El documento cifra en 364.120,56 euros el coste salarial de Álvarez entre 2018 y 2025 y sostiene que parte de su actividad laboral se habría destinado a atender intereses privados.

La plataforma Transforma TSC

La tercera línea de acusación se refiere al software Transforma TSC, desarrollado en el marco de la cátedra de la Universidad Complutense.

Las acusaciones populares defienden que la plataforma fue financiada con recursos de la universidad y con aportaciones de patrocinadores privados, por lo que debía permanecer bajo el control de la institución académica.

Sin embargo, el escrito sostiene que Gómez habría tratado de controlar el proyecto mediante el registro de marcas, la adquisición del dominio transformatsc.org y la creación de la sociedad Transforma TSC S.L.

Para las acusaciones, estas actuaciones podrían constituir una apropiación o desvío de un activo financiado con aportaciones públicas y privadas hacia una esfera particular.

Sánchez y Bolaños, entre los testigos propuestos

Las acusaciones populares proponen una prueba extensa que incluye la declaración de las dos acusadas, cerca de un centenar de testigos y abundante documentación procedente de más de treinta tomos de la instrucción.

Entre los testigos cuya comparecencia solicitan se encuentran el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.

También piden las declaraciones de responsables de la Universidad Complutense, agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y representantes de empresas como Google, Telefónica, Indra, Deloitte, Reale Seguros y Fundación "la Caixa".

El escrito refleja exclusivamente la posición procesal de las acusaciones populares. Sus afirmaciones deberán ser contrastadas con las alegaciones de las defensas, la postura del Ministerio Fiscal y las pruebas que, en su caso, sean admitidas y practicadas durante el juicio.

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